El 28 de marzo pasado no fue un buen día para los 118 miembros de la eliminada Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES). Ese día, el Gobierno de Rafael Correa ordenó su desaparición y creó la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO).

Con ello se puso fin a 20 años de  resultados en la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos: narcotráfico, lavado de activos, guerrilla, tráfico de personas y armas.

Creada en 1989 como una unidad autónoma, adscrita a la Policía Nacional, la UIES trabajaba en coordinación directa con la Embajada de Estados Unidos.

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Hasta el año 2008 realizó 173 operativos, en los que detuvo a 1.355 delincuentes, decomisó 287.000 plantas de amapola y coca, 111,5 toneladas de cocaína, 34 de marihuana, 196.557 gramos de pasta base de cocaína, 28.933 gramos de heroína y 413 armas.

Solo entre el 2007 y el 2008 en Ecuador la Policía incautó 23,87 toneladas de cocaína, 68% corresponde a la UIES y el restante 32% a operaciones de otras unidades policiales.

Esos son los resultados que permitieron ubicar a Ecuador como el tercer país en Latinoamérica y el sexto en el mundo en la lucha antidrogas, según Manuel Silva, quien fue jefe de la UIES desde 1992 hasta febrero del 2009.

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Como compensación, Estados Unidos incluyó a Ecuador en la lista de países beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, que otorgan exoneración de aranceles a determinados productos nacionales de exportación.

Esta información consta en un informe entregado la semana pasada por Silva a la Comisión de Fiscalización del ‘Congresillo’, que tramita un pedido de juicio político al ex ministro de Gobierno y de Seguridad Interna, Gustavo Larrea.

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Dicho juicio es impulsado por el asambleísta de Sociedad Patriótica (SP) Julio Logroño, quien acusa a Larrea de “negligencia e inoperancia” respecto a las siete reuniones que su ex colaborador José Ignacio Chauvin confesó haber mantenido con el ex número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, abatido el año pasado en Angostura (Sucumbíos).

 También es parte de la interpelación al ex ministro Larrea su grado de conocimiento sobre la relación de Chauvin con una red de narcotráfico liderada por los hermanos Ostaiza, vinculada a los carteles de Cali y de Sinaloa.

Durante los 20 años de su existencia, la UIES se mantuvo como una unidad autónoma. La Policía destinaba alrededor de 200.000 dólares por año para sus gastos administrativos, mientras la Embajada de Estados Unidos entregaba de $ 2 a $ 3 millones anuales para gastos operativos, además de brindar capacitación y tecnología.

Para integrar la UIES, los aspirantes debían someterse a un estricto proceso de selección, que incluía una indagación personal y familiar y una prueba de polígrafo, que garantizaba su idoneidad para trabajar contra el crimen organizado.

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Esto no fue bien visto por el régimen de Correa y en agosto del 2008 el comandante general de la Policía, Jaime Hurtado, por disposición del entonces ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, ordena el pase de 20 efectivos de la UIES a la Presidencia de la República, bajo órdenes del capitán Romy Vallejo, jefe de Seguridad de Carondelet.

A Silva y a otros tres oficiales les asignaron otras funciones, pero finalmente esta disposición no fue ejecutada.

Proceso
El jefe de la UIES, Manuel Silva, se encuentra en una situación jurídica incierta.  Enfrenta un proceso administrativo por supuesta mala conducta profesional. El Consejo de Generales le dio la baja por deserción, medida que está bajo análisis del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh.

Desprotegidos
“Evitamos que los carteles de la droga se instalen en el Ecuador, al trasladarnos a otras unidades y funciones quedamos desprotegidos ante criminales muy peligrosos, eso es incomprensible”, dijo Silva a este Diario.