Esther Landeta, secretaria de la Asamblea pro Defensa de los ríos Gala, Chico, Tenguel y Siete, denunció ayer que su vida está en peligro por hacer público que la concesionaria minera Paz-Borja, cuyo propietario aseguró es el ministro coordinador de los Sectores Estratégicos, Galo Borja, ha contaminado esos ríos y productos en Tenguel, Guayas.

Además, Landeta aseguró que Ruperto Franco, “un testaferro de Borja, a quien ha cedido parte de las acciones de la empresa, ha contratado sicarios para que me maten, y como no lo ha logrado ha mandado a matar a los sicarios”.

Este caso fue publicado en la última edición de la revista  Vanguardia  (10-16 de febrero) y por eso Landeta aseguró que desde ayer el Programa para la Protección de Víctimas y Testigos decidió quitarle el resguardo policial que tiene desde el 2007, cuando empezó a investigar y denunciar el caso.

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“No tengo miedo, lo que busco es que se haga justicia y que dejen de envenenar el agua”, dijo la campesina tengueleña de 33 años, quien en rueda de prensa estuvo acompañada de Eduardo Delgado, candidato a la Vicepresidencia de la República en binomio con Martha Roldós, y Fernando Villavicencio, dirigente de Polo Democrático y candidato a asambleísta.
Ellos indicaron que respaldan la investigación desde el 2007.

Landeta comentó que sobre el caso tiene conocimiento el presidente Rafael Correa y otros políticos de quienes no ha recibido respuesta. “Correa lo sabe porque fue a mi pueblo a pedir votos, le hemos mandado tantos comunicados, pero se ha hecho el sordo”, enfatizó.

“Martha Roldós ha sido nuestro pilar desde la Asamblea, ella es la única que nos escucha”, comentó. La mujer también aseguró que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, está al tanto, porque él autorizó la realización de una prueba científica cuyos resultados probaron un alto grado de contaminación de los cuatro ríos y de la producción agrícola de la zona.

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Según documentos entregados por Landeta a este Diario, en abril del 2008 Nebot remitió los informes a los ministerios de Minas, Ambiente, Agricultura, Trabajo, Salud, al INEC y al IESS, sin que se hayan pronunciado sobre el tema.

Delgado exige la destitución de Borja “por tener interés en el sector minero y crear un ambiente de terror” y responsabilizó de su vida al Gobierno.