Grupos de indígenas, ambientalistas y sindicalistas saldrán hoy a protestar en contra de la Ley de Minería, impulsada por el Gobierno, pues consideran que atenta contra los derechos humanos, especialmente de las comunidades.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) anunció marchas y cierre de carreteras, por ejemplo, en Cayambe (Pichincha) y Cotacachi (Imbabura). También en Chimborazo, Cotopaxi y Azuay.

En Quito, desde las 09:00, los ecologistas realizarán un plantón frente al ‘Congresillo’, y al noroccidente de Pichincha habrá una manifestación. Para Inty Arcos, activista de esa zona, “la ley no es para los pequeños mineros, es para las corporaciones y vender al país”.

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Miller Quiñónez, secretario del sindicato petrolero, explicó que a la jornada sumará su oposición a la revisión de los contratos colectivos.

Sin embargo, no todos los afectados apoyarán la movilización. Según José Guamán, dirigente de los indígenas Saraguros (en Zamora), “no hay las condiciones” para el paro.

Lina Solano, vocera de la Coordinadora de Defensa de la Vida, que aglutina a activistas  de Azuay y Morona Santiago, indicó que su organización no participará “debido a la persecución del Gobierno”. Algunos dirigentes –dice– están detenidos y otros tienen procesos penales por las protestas de hace dos semanas. Sebastián Cevallos, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), anunció el “apoyo crítico” al régimen; mientras Marco Morillo, dirigente de la Federación de Indígenas Evangélicos, dijo que analiza su participación.

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Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, aseguró que la movilización solo durará un día y que no se busca desestabilizar al régimen.
Ayer, desde el balcón del Palacio de Carondelet, en un discurso ante sus simpatizantes, el presidente Rafael Correa advirtió con sanciones a quienes se levanten en contra de la Ley de Minería y acusó a los opositores de actuar con “infantilismo, fundamentalismo, inconsistencia e insensatez”.

“Siempre dije que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada en las urnas la derecha política, era y es el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil; qué lástima que no nos equivoquemos en aquello”, manifestó al pedir a los indígenas que “no caigan en la trampa” de sus dirigentes.

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Afirmó que “la fuerza pública garantizará cualquier manifestación pacífica, pero de igual manera sancionará con toda firmeza cualquier violencia o quebrantamiento legal”.

Correa insistió en que “ciertos grupos que tocan las puertas de los cuarteles” intentarán desestabilizar al Gobierno, pues, dijo, no es una coincidencia que la protesta ocurra en la víspera del 21 de enero, aniversario de la asonada indígena y militar que derrocó al ex mandatario Jamil Mahuad. Alfonso Camacho, director de Operaciones de la Policía, señaló que se evitará el cierre de vías. “Quien lo haga irá detenido y sus casos serán judicializados.

Si alguien quiere irse en contra de la ley haremos el uso progresivo de la fuerza”, explicó.