Gobierno defiende al hermano del presidente Correa

El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que pondrá su cargo “a disposición del pueblo” si se comprueba corrupción y tráfico de influencias en el contrato firmado por el Estado con la petrolera canadiense Ivanhoe.

“Si en esa inversión se prueba que se actuó de manera deshonesta para otorgar dicho contrato (explotación y mejoramiento del crudo del campo Pungarayacu), mi cargo estará a disposición del pueblo ecuatoriano”, afirmó Correa durante la ceremonia de relevo de mando del Comandante de la Marina en Guayaquil.

Esto a propósito de una demanda judicial presentada por la empresa  Cotundo Minerales que involucra a Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, porque supuestamente recibió dinero y valiosos regalos para agilizar el otorgamiento de la concesión a Ivanhoe.

El contralor Carlos Pólit afirmó que Petroecuador está sometida a exámenes especiales y que se han encontrado 160 casos con indicios de responsabilidad penal, aunque no se refirió al caso específicamente.

Mientras que en Quito,  el ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, descartó  el supuesto tráfico de influencias que el hermano del Presidente  habría ejercido. “Creo que esta es una de las grandes calumnias que se han tejido en este país; realmente estoy admirado de ver la capacidad con la que se le miente al pueblo ecuatoriano”, expresó el funcionario en una rueda de prensa.

“Puedo garantizar con mi nombre y con mi honor que el hermano del Presidente (Fabricio Correa) no ha hablado conmigo ni con el ex ministro Galo Chiriboga con el cual he conversado, ni con ninguno de los actuales funcionarios de Petroecuador”, expuso.

En el bloque 20 está el campo petrolero Pungarayacu, que cuenta con 320 millones en reservas probadas y 4.500 millones en reservas posibles, según las autoridades.

El 20 de noviembre, Cotundo Minerales y sus accionistas Jack J. Grynberg, RSM Production Corporation y Archidona Minerales demandaron a Ivanhoe Energy y a Fabricio Correa por influencias sobre el Mandatario. El supuesto cabildeo, del que le acusan a Correa, y que fue rechazado el jueves por el mismo involucrado, habría favorecido a la petrolera Ivanhoe, pues se le entregó un área que antes estaba concesionada a la actividad minera.

La versión de Palacios en este punto es que las concesiones mineras asignadas a Cotundo (nueve, que suman 31.299,17 hectáreas de terreno) ya no están en potestad de esa compañía porque fueron revertidas al Estado, en este año, tras comprobar que no habían pagado las patentes.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización y Control Político  del ‘Congresillo’ resolverá el próximo lunes si llama o no a comparecer a Fabricio Correa.

El legislador Fausto Lupera (SP) pidió que se invite a comparecer ante la comisión a los representantes de  Cotundo  y al demandado a fin de esclarecer la veracidad de los hechos.

Pero Mauro Andino (PAIS) comentó que antes de conceder la petición de Lupera se debe determinar si Fabricio Correa es funcionario público.

“Que yo sepa el hermano del Presidente  no es funcionario público, por tanto, no es competencia de la Función Legislativa, habrían que investigar a la entidad y no a la persona”, dijo el presidente del ‘Congresillo”, Fernando Cordero.