El proyecto aún es revisado para ajustes. Llegará la próxima semana al ‘Congresillo’.
El proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal, que es uno de los planteamientos del Plan Integral de Seguridad, no fue presentado ayer a la Comisión Legislativa y de Fiscalización, tal como lo tenía previsto el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, encargado de coordinar la ejecución de dicho plan.
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El subsecretario de Coordinación Jurisdiccional, Néstor Arbito, coordinador de la comisión que elabora ese proyecto, informó que el documento ya se encuentra listo y que se hacen las últimas revisiones. Calcula, que será enviado a la Comisión Legislativa la próxima semana, pero no fijó un día.
Arbito manifestó que el proyecto consta de 21 artículos destinados a reformar tres ejes del actual Código de Procedimiento Penal. Estos son: la acción de oficio de fiscales, la reglamentación para el cobro de fianzas y las medidas cautelares.
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Con respecto al primer eje, el actual Código Penal establece que los fiscales pueden investigar los delitos de acción pública, de oficio, esto es sin la necesidad de que el ofendido presente una denuncia o una acusación particular.
A pesar de que ya existe esta disposición, afirma Arbito, “hemos oído por los medios de comunicación que tanto la Fiscalía como el sistema de justicia se excusan mucho en la no presentación de la denuncia”.
En ese sentido, Arbito comunicó que el proyecto reformatorio ratificará la acción de oficio de los fiscales y añadirá que en caso de existir omisión por parte de estas autoridades, serán sancionadas.
En lo que tiene que ver con el cobro de fianzas, el Código establece que el Juez debe calcular el monto de la misma sobre la base a cuatro rubros. Primero, un valor que va de uno a 2.000 salarios mínimos del trabajador en general ($ 4), dependiendo de la gravedad del delito y la situación económica del procesado. Segundo, el máximo de la multa fijada para la infracción. Tercero, el valor estimativo de las costas procesales. Y cuarto, el valor de los daños causados al agraviado, cuando haya acusación particular.
Según Arbito, la estructura de cálculo del cobro se mantendrá, pero se cambiará la disposición referente a la necesidad de plantear la acusación particular para que el procesado pague por los daños y perjuicios.
En lo que se refiere a las medidas cautelares, el Subsecretario anunció que se ampliará las alternativas.
Actualmente, el Código establece dos medidas cautelares de tipo personal: aprehensión y prisión preventiva. A estas se sumarán tres: imponer al procesado la obligación de presentarse periódicamente ante un oficial custodio, la prohibición de salida del país y el aporte de un mecanismo tecnológico de rastreo, solo si el involucrado lo permite.
De esta manera, manifestó Arbito, se busca que “no se abuse de la prisión preventiva, pero tampoco se vulnere el servicio de seguridad”.
Mientras, la Policía trabaja en el diseño de las nuevas políticas de acción y comunicación de la entidad.
Rafael García, comandante general de la Policía (e) dijo que lo que busca la institución es implantar un nuevo modelo de administración moderno, con sistemas de control a todo nivel. “Todos estaremos controlados, supervisados y evaluados de manera permanente”, acotó.
DETALLES: Reunión de seguridad
Cita
El gobernador del Guayas, Francisco Jiménez, se reunió ayer por dos horas con 20 alcaldes de la provincia, donde crearon un Comité Ejecutivo que dará seguimiento a las acciones de la Junta de Seguridad.
El comité lo integran el Gobernador, un representante de la Comandancia de la Policía y los alcaldes de El Empalme, Balao, Pedro Carbo y Milagro.
Información
En la cita los alcaldes se comprometieron a entregar este lunes información sobre cuáles son los puntos críticos de los diferentes cantones.