Incremento de los costos de las encuestas de opinión pública y celulares entregados sin autorización son otras de las anomalías halladas por la Contraloría General del Estado en su auditoría al manejo administrativo de la Asamblea Constituyente.
El informe fue solicitado por el ex presidente del organismo y ahora titular de la Comisión Legislativa transitoria, Fernando Cordero.
Publicidad
Este determina, en general, que varios contratos de bienes y servicios no cumplieron con los requisitos legales o se adjudicaron sin contar con pro formas o estudios de costos y calidad.
Respecto a la contratación de encuestas, el informe determina que hubo modificaciones no justificadas en el precio estipulado en el contrato original y dos adéndums que se firmaron con posterioridad.
Publicidad
La empresa que prestó el servicio fue Praismel S.A., vinculada con el sociólogo Santiago Pérez, que hace sondeos para el régimen de Rafael Correa.
El primer convenio se firmó el 31 de enero del 2008; este señalaba que la empresa realizaría una encuesta semanal por 20 semanas a un costo de 4.800 dólares cada una; es decir, 96.000 dólares.
El 2 de abril siguiente, la Asamblea extendió el contrato para que la empresa implemente una estrategia de comunicación política y haga grupos focales para las piezas publicitarias. El costo fue de $ 11.000.
Los auditores señalan que, por su naturaleza, debió firmarse un contrato diferente.
El 5 de junio se prorrogó el contrato por nueve semanas más desde el 31 de mayo, a un costo de más de $ 8.300 cada una. En total, $ 75.290.
Dice el documento: “Realizada la comparación del precio estipulado en el contrato con el del adéndum, se estableció un incremento en el valor semanal de $ 3.565”.
Al ser consultado por este Diario sobre los cambios en los precios, Pérez dijo que prefería no hacer comentarios.
En el segundo caso, el informe preliminar de los auditores señala que la institución contrató, el 17 de diciembre del 2007, un plan corporativo con la operadora Movistar para los 130 asambleístas y otras 10 personas de seguridad y de apoyo; es decir, 140 en total.
La mesa directiva aprobó un consumo de $ 40 al mes (incluyendo internet gratis en sus Blackberry); los asambleístas que gastaran más debían pagar la diferencia.
Pero en la factura de la empresa Otecel S.A. (razón social de Movistar) del 10 de abril del 2008 consta que la Asamblea pagó por el servicio de 180 celulares: 130 de asambleístas y 50 de personal administrativo y seguridad.
Los auditores no encontraron ningún documento que autorice el incremento del número de usuarios del servicio de telefonía celular.
El documento afirma que no se realizó el descuento a las personas que gastaron más de lo permitido. En esa lista están, entre otros, los dos ex presidentes de la Asamblea, Alberto Acosta y Fernando Cordero.
El miércoles pasado, Cordero deslindó responsabilidades en la gestión administrativa de la Constituyente.
Mientras que el ex secretario de Comunicación de la Asamblea, Orlando Pérez, expresó que el director administrativo, Francisco Torres, ya entregó a la Contraloría los descargos correspondientes.
DETALLES: Constitución de 1906
Copias
En enero pasado, el secretario de la Asamblea, Francisco Vergara, requirió 1.000 copias de un fragmento de la Constitución de 1906.
Soportes
El informe preliminar de la Contraloría dice que “no fue posible evidenciar la necesidad de esta compra, ni demostrar si los bienes fueron entregados por el proveedor a la entidad, ya que no existe el ingreso a bodega; además se desconoce el destino de las 1.000 copias”.
Contrato
La empresa fue Impresos J. Henríquez; su costo fue de 1.850 dólares.