Las resoluciones son analizadas por un Cabildo o el Consejo indígena para ser aplicadas.
Un poco más tranquila, Francisca Chimbolema Pinde confía en que sus problemas con una vecina, por un terreno que le compró al cuñado de esta, se solucionen definitivamente.
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Este conflicto, cuenta, tiene más de un año sin resolver y se tornó tan grave que incluso su hijo, de 13 años, ya es una de las víctimas de esta situación.
“Mi hijo estuvo en el hospital porque en una discusión que tuve con mi vecina por el terreno ella lo golpeó con un palo”, lamenta la mujer, quien además critica que –por la falta de dinero– ella no haya podido seguir el proceso, el que la semana pasada fue enviado a consulta, a la Fiscalía del Guayas.
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“Ahora que el caso está en estas oficinas (de la Fiscalía) sé que se va a solucionar definitivamente”, cree Chimbolema.
Asimismo, al menos seis juicios más han sido remitidos a la Fiscalía, que fue inaugurada el pasado 8 de agosto y funciona en el tercer piso del Ministerio Público, en el centro de Guayaquil, donde está una de las nueve oficinas que hay en el país.
En los otros casos se exponen problemas de infidelidad, estafa y también peleas entre integrantes de su comunidad.
Esta administración de justicia se basa en el juicio comunitario (consensos del pueblo) en base al que se resuelve la culpabilidad o no del denunciado enmarcándose en la tradición.
La finalidad principal de que existan este tipo de fiscalías en el país es que resuelvan “problemas internos de la comunidad indígena”, que también está asentada en esta provincia.
Pedro Chango Viñán, fiscal indígena que labora en Guayas, indica que en la provincia residen al menos 400 mil indígenas ubicados en diferentes sectores, sobre todo en Guayaquil.
La Sultana de Los Andes, ubicada en la Florida norte, es una cooperativa de unas 60 casas en las que solo habitan personas de la comunidad indígena.
Bastión Popular, Montebello, Balerio Estacio, ubicados al norte de la ciudad, son sitios en los que viven indígenas que se benefician al acogerse a las sanciones de sus ancestros.
Al menos así lo cree Marco Arias, colaborador de la Fiscalía, quien explica que en el sitio solo se receptan denuncias de integrantes de la comunidad.
Sin embargo, si uno de los involucrados no es indígena, el fiscal debe de seguir el “proceso ordinario”, a no ser que voluntariamente el no indígena acepte ser procesado bajo las “leyes indígenas”, dependiendo de la comunidad que provienen.
Esta resolución es respetada como cualquier sentencia de un juez y el imputado no podrá ser juzgado otra vez. La ley garantiza que ninguna persona puede ser sancionada dos veces por el mismo delito.
Dentro de la administración de Justicia Indígena, uno de los principios que ellos infunden a su comunidad son: ama killa (no ser ocioso), ama llulla (no mentir), ama shuwa (no robar). Para los indígenas es muy grave que una persona sea ociosa.
De ahí que utilicen incluso la cárcel en “casos extremos” de reincidentes. Pero eso no siempre sucede porque “la cárcel es la universidad de los delitos, la persona se perfecciona en la delincuencia y no indemniza al afectado”, refiere Chango, originario del Chimborazo.
La función del fiscal es vigilar, orientar y asesorar a las partes para que lleguen a un arreglo. “Yo no resuelvo, realizo la investigación y la remito al Cabildo o al Consejo Indígena”, expresa el fiscal, quien agrega que en la audiencia dictan la resolución en donde participa toda la comunidad porque el castigo en el sector indígena se configura en la “vergüenza pública”, Las autoridades son consideradas personas sabias y son quienes dictan la resolución, no necesitan título de abogados, sino de solvencia ética y moral.
Los procedimientos que se usan han sido transmitidos de generación en generación, desde antes de que lleguen los españoles a la conquista del continente y, dependiendo de la comunidad, varía la sanción.
En el primer mes que está dando servicio, el funcionario cuenta que se dictaron dos resoluciones inapelables, según el procedimiento indígena.
La primera fue por infidelidad y la otra causa por estafa. “En el caso de infidelidad, el marido tiene que vender el carro y entregarle el dinero a la mujer, él vende el vehículo porque es uno de los motivos de la infidelidad”, cuenta Chango.
En la otra resolución, el infractor deberá devolver lo robado, además de comprometerse a no cometer más estafas y realizar un trabajo comunitario.
Al final, estas actas son legalizadas y emitidas a la justicia ordinaria como constancia de haber juzgado a un indígena. La cárcel, para Chango, sería la última instancia de juzgar.
Antonio Gagliardo
Ministro Fiscal del Guayas
“El fiscal indígena tiene prohibido asistir a una sanción que atente contra los derechos humanos”.
José Valenti
Docente de escuela indígena
“Estamos satisfechos con la existencia de una fiscalía para nuestra comunidad. Es de mucha ayuda”.
El proceso
1
Willachina
Es el inicio del proceso Penal en la justicia indígena, mientras que en la ordinaria esta se llama denuncia.
2
Tapuykuna
En esta fase, el fiscal indígena se basa en realizar una exhaustiva investigación de los hechos denunciados.
3
Chimpapurana
En esta instancia se realiza un careo entre las personas involucradas en el hecho.
4
Killpichirin Allichina
El fiscal indígena emite su dictamen al Cabildo, Pastor o Consejo sobre lo denunciado, para que dicte sentencia.
5
Paktachina
La última instancia es controlar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia.