El fiscal general Washington Pesántez inició una instrucción fiscal, sin pedido de prisión preventiva, en contra de Patricio Rivadeneira y Ramiro Gordillo, ex ministro de Energía y ex presidente de Petroecuador en el gobierno de Jamil Mahuad, respectivamente, a quienes acusa de falsificar informes sobre la remediación ambiental que efectuó Texaco en los 20 años de operaciones en el país.
También fueron involucrados por la Fiscalía el representante legal de Chevron en Ecuador (antes Texaco), Rodrigo Pérez Pallares, así como Luis Albán Granizo, Martha Romero, José Dután Erráez, Álex Suárez y Marcos Trejo.
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La instrucción fiscal llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 1 de septiembre. El 11, el caso fue sorteado y cayó –para su trámite– en la 1ª Sala de lo Penal, integrada por los magistrados Jaime Velasco (ex procurador síndico del gobierno de Jamil Mahuad), Pilar Sacoto y Fernando Casárez. Esta sala tendrá que hacer las notificaciones a las partes.
La acusación penal, impulsada por el Frente de Defensa de la Amazonía, plantea que la petrolera conspiró con los funcionarios del Gobierno ecuatoriano para falsificar los resultados de un informe de saneamiento ambiental, para evitar el pago de indemnizaciones. Según los demandantes, Texaco arrojó “billones de litros de desechos tóxicos a los canales y ríos navegables del Amazonas”.
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Según Pablo Fajardo, abogado acusador, la petrolera esgrimió que el juicio se inició “por razones políticas”, para liberarse de esa culpa.
Este proceso penal se tramitará en forma paralela al juicio civil que está en la Corte de Sucumbíos y en el que se determina la existencia de químicos tóxicos, como el benceno, en las fosas donde se depositaban los desechos petroleros.
Acusadores
Según el Frente de Defensa de la Amazonía, la contaminación provocó una epidemia de cáncer y contaminó las tierras de cinco grupos indígenas
Explotación
Entre 1964 y 1990, su periodo en el país, Texaco extrajo 1,3 billones de barriles.