Un conflicto jurídico político, que podría terminar con la destitución de los jueces de la tercera sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enfrenta a esa función del Estado con la Asamblea (en receso), por la supuesta amnistía concedida a los ex superintendentes de Bancos, Juan Falconí y Jorge Guzmán, implicados en el caso de la fusión Filanbanco - Previsora.
Esa fue la advertencia que formuló ayer el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien consideró que la Constituyente, al otorgar la amnistía en favor de Luis Villacís, ex gerente de la AGD, también incluye a Falconí y a Guzmán, pues “el proceso está archivado y nadie lo puede abrir porque no hay cómo juzgar a una misma persona dos veces”.
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Ayer, los ministros de la sala Penal, integrada por Fernando Casares, Pilar Sacoto y Gerardo Morales, declararon improcedente el pedido, pues no existe un pronunciamiento expreso de la Mesa 10 o del pleno de la Asamblea, que así lo confirme.
Esa resolución, según el presidente de la CSJ, Roberto Gómez, implica que la supuesta amnistía fue desechada, ya que así se pronunciaron los jueces en un escrito de respuesta al pedido de la Constituyente.
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El documento confirma que lo único que presentó la Asamblea fueron comunicaciones dirigidas a la presidenta de la Mesa 10, María Paula Romo (23 de julio pasado), sin que conste un pronunciamiento del tema.
Cordero afirmó que para quienes saben de leyes, la amnistía significa dejar insubsistente el proceso; además, ese beneficio cubre a varias personas y “si los jueces no cumplen esa resolución sería desacato, lo que implica su destitución”.
Ayer, el pleno de la CSJ autorizó a Casares 30 días de vacaciones.
DETALLES: Reacción
Implicado
Los jueces intentan desacatar el dictamen de la Sala, aprovechando que la Asamblea no puede pronunciarse por estar en receso, dijo Juan Falconí.