Domingo 06 de julio del 2008 Política

Pedimos una audiencia con el Presidente, pero él no aceptó

POR EUFEMIA SALAZAR

Roberto Gómez Mera, presidente de la CSJ.

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QUITO. El presidente de la CSJ, Roberto Gómez Mera, comenta que el organismo se opone a que una futura Corte Constitucional administre la justicia ordinaria.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asegura que hizo conocer al Ejecutivo la inconformidad de los magistrados por algunas reformas que se discuten en Montecristi; sin embargo, dice que no ha tenido eco.

Aunque la suerte de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la Asamblea Constituyente está echada, el presidente de ese organismo, Roberto Gómez Mera, prefiere mantenerse prudente frente a la posición asumida por el Ejecutivo  de no aceptar una reunión con los jueces  para conversar sobre las reformas constitucionales en la administración de justicia, que se debaten en Montecristi.

Cuando se posesionó como presidente de la CSJ había expectativa por los acercamientos con el Ejecutivo para defender sus propuestas de reformas constitucionales. ¿Qué pasó?
Hice conocer al Ejecutivo la inconformidad de la CSJ por las reformas que se discuten en Montecristi y pedí una audiencia, pero no fue concedida. El Presidente (Rafael Correa) se excusó bajo el argumentó que no entendía de cuestiones legales y constitucionales y que prefería que esas conversaciones se den con el ministro de Justicia (Gustavo Jalkh) y el doctor Alexis Mera (secretario jurídico de la Presidencia). Lamentablemente no se nos ha hecho caso en cosas que hemos pedido, como la revisión de sueldos y salarios de los magistrados, rebajados en 3 mil dólares mensuales. Esa es la parte negativa de esa relación.

La Corte Suprema de Justicia  cuestionó la creación de la Corte Constitucional (CC), aunque expertos sostienen que esta es la nueva tendencia de América Latina y del mundo.
La CSJ no se opone a su creación porque si no hay control constitucional no hay un régimen constitucional. Sería conveniente que se cree una sala de lo constitucional. Nos oponemos a que la CC administre justicia ordinaria, pues vulneraría el principio de división de poderes.

En países como Colombia argumentan que con la creación de una CC se pasa de la juridicidad a la constitucionalidad, que es un nivel más elevado del manejo de justicia.
Solo en España, Perú y Colombia hay cortes constitucionales que revisan los fallos de la justicia ordinaria y hay graves inconvenientes en la aplicación de esa modalidad. Creemos que se pueden controlar (los fallos), pero ello debe ser limitado para ciertos casos. La revisión se convertirá en una cuarta instancia que dilatará los procesos.

Los jueces no han tenido control y, por tanto, no están exentos de cometer errores. Por ello, ¿no sería conveniente un control a cargo de la CC?
Con ese criterio se puede conformar un Consejo de Estado para revisar los fallos de los jueces, labor que también se puede dar a una ONG. Pero el Poder Judicial debe mantenerse autónomo e independiente, porque así se garantiza imparcialidad y objetividad. No se puede negar que hay errores, fallas y actos dolosos, pero existen controles a los jueces que cometen irregularidades, a través de las normas de los códigos Penal y Civil.

¿La decisión de  otorgar 120 días para la renovación de la Corte Suprema y 60 para el Consejo Nacional de la Judicatura son suficientes para seleccionar  a los nuevos magistrados?
No se puede hacer un proceso de selección serio y exigente en cuatro meses. La comisión que seleccionó a los actuales jueces utilizó cerca de un año y un millón de dólares.

Parecería que perdieron la batalla y asumieron que serán renovados, ya que sus propuestas no fueron acogidas por la Asamblea Constituyente.
Sabemos que la tendencia del poder político es renovar la CSJ. No luchamos por los puestos, estamos en contra de que se cambie el sistema de administración de justicia, que desjerarquiza y menoscaba a la Corte Suprema. Es inconveniente que los fallos sean revisados y que se cambie el principio de presunción de inocencia por el de culpabilidad y que se permita practicar pruebas en cualquier momento procesal porque caotizará el trámite de los procesos.

La ciudadanía no los respaldó, ¿será porque hay  descontento  con la gestión de los magistrados de la Corte?
No se puede decir que el pueblo no nos apoye. Desgraciadamente si le pregunta a un ciudadano, por las fallas que se han dado desde el comienzo de la República, siempre tendrá una posición adversa a los jueces, porque la naturaleza de esas funciones es que hay dos personas en un juicio y uno pierde y otro gana. Así se extiende la mala impresión. 

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, una mayoría del Congreso declaró cesante a la CSJ y la reemplazó con otra. Pero ese acto generó un repudio ciudadano que terminó con la caída del régimen. ¿Por qué no ha existido una reacción similar?
Los momentos políticos no son los mismos. Ahora hay un Gobierno que tiene el respaldo popular. Cuando se eligió a la denominada  Pichi Corte  había un Gobierno repudiado por el pueblo que se manifestó en las calles porque el acto rebasó la contemplación que tenían a ese régimen. 

Si la nueva Constitución no acoge las propuestas de la CSJ, ¿se alineará por el No en el referéndum?
Mi aspiración es que la Constitución refuerce el sistema democrático y con ello se fortalezca la administración de justicia. Si esto no ocurre tomaré una decisión que no la puedo anticipar porque no termina la redacción de la Constitución.

A la Corte Suprema  se la  ha acusado de corrupción y de supuestas irregularidades en el trámite de procesos.
La CSJ destituyó a cinco magistrados y a seis conjueces con lo que demostramos transparencia. En el tema de los juicios bancarios demostramos que solo quedan tres o cuatro, entre ellos el de Filanbanco, que se ha tomado como símbolo de la administración de justicia, pero eso no es real, porque ese juicio experimentó  una demora de siete años. En este momento los conjueces estudian el caso y en pocos días más dictarán sentencia.

Los notarios y registradores de la Propiedad y mercantiles, según las normas que analiza la Asamblea, se convertirán en servidores públicos, ¿está de acuerdo con este cambio?
Ellos deberían quedar como están, pero con regulaciones, sobre todo en lo que aportan a la Función Judicial. No estoy de acuerdo con que ingresen como funcionarios de este poder porque partiría el presupuesto de la administración de justicia con el ingreso de 800  personas, que son las que trabajan en esas dependencias.

Perfil
Roberto Gómez Mera

ANTECEDENTES POLÍTICOS
Fue dirigente activo de la Izquierda Democrática (ID) y parte del gobierno de Rodrigo Borja. También del régimen de Jaime Roldós y fue Gobernador del Guayas en el  periodo de Fabián Alarcón. El Congreso de 1997 lo designó Fiscal General de la Nación. 

EXPERIENCIA
Durante  28 años se desempeñó  como catedrático en las universidades de Guayaquil y Católica.

 

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