La polémica alrededor de la Superintendencia de Compañías continúa. El presidente Rafael Correa anunció juicios penales contra los empleados que ocasionaron disturbios, y a su vez, ellos analizan una denuncia por la represión policial.
La Asociación de Empleados de esta Superintendencia planteó un hábeas corpus para liberar a Henry Cobo y Carlos Ayala, detenidos el viernes tras el enfrentamiento con la policía. Pero ayer pasado el mediodía fueron liberados por la jueza Duodécima de lo Penal de Pichincha, Ángela Sarmiento.
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Sarmiento concedió la libertad luego de la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscal de delitos flagrantes, Ruth Palacios. En la audiencia oral nadie presentó una acusación contra los detenidos. Por lo que ordenó su libertad.
Anabel Vinueza, vicepresidenta de los empleados, presentará una demanda contra el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, por ordenar la represión policial; al momento recoge las pruebas.
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Para Correa, lo que hizo el superintendente de Compañías, Francisco Arellano, fue asumir su cargo luego de ser restituido por el juez Civil del Guayas, Manuel Chun, y la policía debía cumplir la orden judicial.
Arellano presentó su renuncia por delicadeza y para no afectar a la revolución ciudadana, añadió Correa, quien anunció un reordenamiento de toda la “burocracia dorada”.
Y anunció acciones legales contra las personas que quisieron afectar al movimiento PAIS, por difamar que en la Superintendencia se cobraban diezmos.
Vinueza reveló que hay dos personas que tienen serias afectaciones en el rostro por el gas pimienta y otras con moretones en el cuerpo.
Además calificó de mentira lo afirmado por Correa de que se esperaba a Arellano con tomates, cebollas y tierra. “La represión brutal de la policía que usó fierros para romper la puerta principal, los funcionarios reaccionaron”.
“No puede el presidente, por muy presidente que sea, tapar el sol con un dedo, hubo represión y todo el mundo lo vio, no se respetó a las mujeres embarazadas y compañeros discapacitados”, sentenció.
Los empleados de la Superintendencia denunciaron a la Comisión de Derechos Humanos de la represión e incluso, dijo Vinueza, hubo delegados en el momento de la represión y conocen las circunstancias en que fueron apresados los empleados Cobo y Ayala.
Aclaró a Correa que los empleados de la Superintendencia no son burócratas dorados y a quienes debe quitar las prebendas son a las cuatro secretarias y dos conserjes que tenía Arellano en su despacho.
Limpieza
Ayer en la mañana se realizó la limpieza del edificio y se improvisó una puerta de madera para sustituir a la de vidrio que se rompió el viernes en medio de los enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional.
Daños
Los daños ocasionados al inmueble serán cubiertos por la aseguradora, dijo la dirigente Anabel Vinueza.