A través de la administración de varias compañías, empresarios expanden sus negocios de casinos, bingos y salas de juego en Guayaquil y el resto del país.

El crupier reparte los naipes y el  azar se presenta como  le viene en gana. 
A veces se le antoja benévolo. A veces inclemente.  No hay nada que hacer: la suerte es  caprichosa. Las fichas se amontonan y la mesa de black jack  luce espléndida. Espléndida mientras la casa ¬esa que casi siempre gana¬  no  logre desnudar los bolsillos de quien se atreva a hacerle frente.   A un lado, la tabla  de  punto y banca clama por algo de  atención.

Más allá, de todo un poco: ruleta,  pócker y bacará.     

Es un miércoles más en este Guayaquil nocturno y, como si la ciudad se tratase de una súper mesa de juego, los “dueños del azar”  mueven   sus cartas  para   “pelear” la partida. Una “pelea” que se da en tres “categorías”:  casinos, bingos y salas de juego.

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 Quien dirime la  partida –algo así como el “rey de la casa”– es  el Ministerio de Turismo, que  solo emite registros para las dos primeras actividades y, como todo juego, estas tienen sus reglas. Los casinos  solo se permiten en  hoteles de lujo o cinco estrellas, y los  bingos pueden funcionar en otros sectores, pero sin máquinas ajenas a esta actividad.

Los salas de juego, en cambio, se caracterizan por tener tragamonedas que, según la ley, solo pueden instalarse en casinos, es decir,  en hoteles. De ahí que ninguna cuente con permisos de  funcionamiento, aunque se han acogido a sucesivos recursos de amparo para  “seguir jugando”. 

En Guayaquil, solo seis casinos  tienen   registro del Ministerio    y, como obliga el reglamento de actividades turísticas, funcionan en hoteles:  en el Oro Verde,  Hilton Colón, el Unipark, Sheraton, Hampton Inn y Ramada.

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Y aunque la operación matemática es sencilla, sus dueños  no suman seis. Según datos del Ministerio de Turismo, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI), el empresario Santiago Romero Barst y sus socios  son mayoría. En Guayaquil y  el país. Son propietarios de tres de los seis casinos que tienen registro de funcionamiento en la  ciudad: Unicasino (Unipark), Casino Colón (Hilton)  y el del Oro Verde. Empresarios del sector y funcionarios del Ministerio lo vinculan también con el Casino del Sol (Sheraton), administrado por una agrupación  panameña representada por Madelaine Quelquejeu D’Amato, que también tiene participación en los tres casinos del grupo Romero. 

El presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, José Carrión Ycaza, es dueño del casino Faraón (Hampton Inn); y el del Ramada es del grupo chino representado por Wai Chui Lee. 

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El Ministerio mantiene vigentes los registros de 32 casinos –16 de lujo y 16 de primera categoría–   en 12 de las 22 provincias del país. Romero y sus socios son propietarios de al menos el 30% de   casinos,  al tener más de 9   registros   en  provincias  como Guayas, Pichincha, Ma-nabí, El Oro y Santa Elena.

Quien más aparece como representante de las empresas administradoras es Wilson Palacios Gómez,  antiguo colaborador del argentino Marcial Romero Palomo (fallecido padre de Santiago Romero), que durante décadas mantuvo la hegemonía en estos juegos de azar. En 1949 inauguró  su primer casino en el país, en el hotel Tívoli, en Salinas.  En las empresas también figuran su hermana, María Fernanda Romero Barst, o sus socios, Alejandro Alberto Ponce Henríquez y Rosa Dunn Ycaza.

Según  registros de la Superintendencia de Compañías, el manejo está dividido en diferentes conglomerados constituidos de manera independiente, como MRP, Orotur, Salinas, Ecuacasino, Unicasino, Turho, Portcasin, Coverqu, Casinomar y  otros.

De ahí que cuando el Ministerio “movió” una ficha del juego y frenó la construcción del proyecto  Gran Casino Guayaquil,   en el malecón Simón Bolívar,  el alcalde Jaime Nebot expresó: “Aquí hay un grupo que maneja monopólica y oligopólicamente los casinos. El grupo presidido por el señor Santiago Romero... Eso lo sabe todo Guayaquil. Que si está dividido en compañías o no,  es otra cosa. Todo Guayaquil sabe el asunto”.

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Sin embargo, la empresa que pretendía instalarse al pie del río Guayas hace rato había “entrado al juego”, aunque en salas   que no son reconocidas como legales por el Ministerio. Tesupe  S.A. fue constituida como compañía ¬bajo la presidencia de Roberto  Cuadrado¬ para el proyecto del  malecón  (cuyo contrato se firmó en el 2006), pero, además, reconoce  que representa a un casino en Manta  y a diez salas de juego en el país que no cuentan con autorización estatal. Por ejemplo, tiene el  local   Magic Bonus, en la    Terminal Terrestre.

Quienes participan en este conglomerado  también  administran los salones de Súper Siete, que el Ministerio identifica como propiedad de Celecsa S.A. (cuyo accionista mayoritario es Adolfo Olloqui), una compañía que ¬según los registros de Turismo¬ solo en Guayaquil cuenta con, al menos,  otras 15 salas.

Invermun S.A. ¬un grupo con participación peruana, representado por Víctor Lescano y Martín Rosenberg y cuya accionista mayoritaria es Carolina Viña¬ también  tiene por lo  menos otros 15 salones de tragamonedas en Guayaquil, sin autorización  del Ministerio.  Justamente esta semana fueron clausuradas más de 40 salas; algunas funcionan, incluso, en zonas populares a través de máquinas distribuidas en casas, despensas y farmacias. Otras, en cambio, evidencian una fuerte inversión, como  Magic Bonus, en la terminal.  

La “mesa de juego” en Guayaquil  no está completa sin otro   “competidor”: los bingos.  Aunque  el Ministerio mantiene registros para el funcionamiento de siete, actualmente solo operan cuatro y otro está por abrir.

Dos (los Bingo & Derby) pertenecen a Carrión, el mismo dueño del casino Faraón, quien también posee dos salas más en Santo Domingo y Quevedo.
Uno de los más populares, el bingo Don Toribio, está representado por la hermana de Santiago Romero, a través de la compañía Binsala S.A. El cuarto es el bingo Bolero, de Ignacio Montañez.

El subsecretario de Turismo, Esteban Delgado, admite que resulta difícil controlar este “juego” entre los empresarios. Menciona, por ejemplo, que en Guayaquil solo tiene tres supervisores para 10 mil establecimientos regulados por el Ministerio. “No nos alcanzamos”.