El despido masivo de trabajadores y el consecuente incremento del desempleo serán las primeras consecuencias de la eliminación de la intermediación laboral y tercerización de servicios, coinciden representantes de  empresas usuarias y de intermediarias laboral, luego de analizar el proyecto que la Asamblea prevé debatir la próxima semana.

Pilar Moncayo, presidenta de Fedehumana, considera que  en el caso de la construcción, pesca, cultivo de flores y comercio, la propuesta es inaplicable, puesto que la naturaleza de  estos trabajos es temporal y ocasional.

Diego del Castillo, presidente del Grupo Emprendedor de la Construcción, y Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara de Pesca, consideran que  en ambos sectores no se justifica una contratación permanente.

Según las cifras de Fedehumana, en el país existen  420 mil trabajadores entre intermediados y tercerizados, de los cuales 80 mil  están laborando en el sector público.

Sin embargo, los trabajadores consideran que con la vigencia del mandato las usuarias no tendrán otra opción que respetar los derechos laborales.

“Por primera vez los trabajadores intermediados y tercerizados podrán conocer a sus empleadores”, señala Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al confiar en que no se produzcan los despidos, pues “las empresas no se pueden quedar sin trabajadores”.

El texto –analizado en la mesa 6– prohíbe los despidos intempestivos y obliga a que las usuarias asuman la contratación directa de sus trabajadores intermediados y tercerizados en un lapso de  120 días.

El ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, asegura que con la eliminación de la intermediación y tercerización, las empresas del sector “tendrán que buscar otro tipo de ocupación”. De lo contrario, añade, la alternativa sería que se constituyan como empresas de prestación de servicios, que sí faculta la reforma, para guardianía, vigilancia, alimentación, limpieza y mantenimiento.