Casos de ‘atentado al pudor’ se diluyen por la presión

En el 2007 la Defensoría del Pueblo en Pichincha recibió diez denuncias de padres   que acusaban a profesores de atentar  contra el pudor de sus hijos en escuelas y colegios.

Sin embargo, nueve denuncias “se diluyeron”. Según la directora nacional de Derechos de Mujeres, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Rosario Utreras, la mayoría de procesos se retiran o quedan “en la mitad del camino”, porque las familias y los niños son amedrentados y, a veces, prefieren callar porque es la palabra del representante y del niño frente a la del profesor, que presuntamente dice tener ‘poder’.

El acoso   empieza en las aulas con frases cariñosas, requerimientos amorosos, atenciones especiales y cuando eso no resulta vienen las presiones. En el caso de adolescentes, los maestros las citan a sus oficinas para pasarles las notas, o les piden que ayuden a corregir pruebas. De la parte afectiva esos profesores pasan a la presión con amenaza y mecanismos violentos que caen en la agresión.

Lamentablemente, lo que antes se pensaba que era un tema de adolescentes ha ido bajando a casos de niños de 8 y 11 años que han sido sometidos a este tipo de actos, con morbo e incluso violaciones, indican expertos, como la fiscal de Delitos Sexuales del Guayas, Cathia Boloña. Otros niños más  pequeños no se dan cuenta del acoso, porque no saben calificar aún las actuaciones de los adultos.

De los casos   recibidos en la Defensoría del Pueblo en Pichincha uno fue sancionado. En ese hecho estudiantes de un colegio femenino denunciaron a uno de sus profesores.  El 23 de agosto pasado la Defensoría pidió que se elimine su  partida y que salga del plantel.

Pero mientras unos casos se denuncian y terminan en sanción, otros se quedan en el archivo por temor de los niños o jóvenes afectados y   sus familias. Para intentar solucionar la situación se creó la protección a los testigos. Ese programa de protección a víctimas e involucrados en un proceso penal tiene la finalidad de garantizar en los procesos que la prueba llegue y no se quede inconclusa la investigación por el miedo.
Pero todavía falta dotarlo de psicólogos y trabajadores sociales, manifiestan las autoridades.

Además, el Congreso Nacional en el último periodo ratificó un proyecto de ley interpretativa al Código Penal, con el cual se ratifica la tipificación del delito de “atentado al pudor”.

De esta manera los actos ejecutados, sin necesidad de acceso carnal, en contra de la integridad sexual de las personas menores de edad o con discapacidad siguen siendo considerados como atentados al pudor, pues implican que el agresor somete u obliga a la víctima mediante violencia física, amenazas o cualquier forma de inducción o engaño para conseguir que esta acepte, obedezca y realice los actos de naturaleza sexual, sea en el propio cuerpo, en el cuerpo de un tercero o en el cuerpo del sujeto activo.

Otro caso que terminó en sanción ocurrió en Cuenca. En el departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Educación del Azuay se denunció el acoso  del profesor Augusto Hinostroza en una escuela, por lo que fue  destituido tras las investigaciones.

Elizabeth Peñaherrera, jefa de Bienestar Estudiantil de la Dirección, quien ha debido actuar como jueza en denuncias  de abuso, acoso sexual o violación, dijo que  la inexperiencia en la temática provoca, en ocasiones, que no se enfoque el hecho y durante la indagación muchas veces se revictimiza a la persona que fue agredida.

Perder temor
Especialistas recomiendan que los niños y jóvenes dejen a un lado el temor y cuenten a sus padres si están siendo víctimas de acosos o abusos de alguno de sus maestros.

Diálogo
La fiscal de delitos sexuales Cathia Boloña recomienda que los padres dialoguen constantemente con sus hijos para buscar las razones por las cuales ellos tienen cambio en sus comportamientos.

Inseguridad
El crecimiento de denuncias contra maestros que atentan al pudor de los estudiantes muestra que ciertas escuelas o colegios han dejado de ser el lugar seguro como muchos padres de familia aún creen, sostiene Mariana Idrobo, una de las psicólogas que labora en la Dirección Provincial de Educación del Guayas.