La cita -prevista para las 18:00 locales (22:00 GMT) en el Palacio Quemado, sede presidencial- se cumple para buscar un acercamiento entre el gobierno central y los departamentos opositores, divididos de manera irremediable sobre el modelo de país que pretenden.
La Constitución que Morales quiere imponer y las autonomías que los departamentos se otorgan a sí mismos sin el aval del gobierno son modelos que no pueden coexistir, y en la reunión se buscarán soluciones a ese impasse.
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Con un tono más conciliador con relación a sus discursos de los pasados días, cuando había indicado que los estatutos autonómicos había que tirarlos "al tacho de la basura", Morales dijo que tiene "mucha confianza en la reunión que dará la esperanza al pueblo boliviano y dará cierta fortaleza al desarrollo nacional y regional en Bolivia".
Sobre las expectativas del encuentro advirtió sin embargo que "tienen que imperar las razones y no los caprichos" y matizó que "no tienen que imperar intereses de personas ni de grupos, sino las razones a favor del país".
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Horas antes, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anticipó que al inicio del encuentro el jefe de Estado "dará un conjunto de propuestas para que pueda construirse a partir de esos planteamientos un acuerdo nacional, pero tiene que ser un acuerdo nacional que profundice el cambio y defienda la unidad nacional".
El diálogo gobierno-prefectos fue convocado en un intento de concertar una salida a la confrontación que se ha radicalizado las últimas semanas y que amenaza con desbordar en actos violentos.
Los prefectos y líderes cívicos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando, departamentos que concentran el 80% del PIB, rechazan la Carta Magna de corte estatista e indígena aprobada por el oficialismo en diciembre en la Asamblea Constituyente, sin debate y sin presencia de la oposición.
Para contrarrestar ese proyecto -que consideran como una señal de autoritarismo del gobierno- estos departamentos (salvo Cochabamba) aprobaron en cabildos populares la decisión de aprobar en referendos populares sus estatutos autonómicos, con instituciones que asumen similares facultades a los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales.
El poder Ejecutivo ha señalado reiteradas veces que esos estatutos tienen carácter secesionista y ha señalado que no deberían formar parte de la agenda del encuentro presidente-prefectos.
Los prefectos de los cinco departamentos rebeldes se oponen, además, a un recorte de ingresos regionales aprobado en noviembre por el gobierno para financiar una pensión anual de vejez.
"Ojalá no se convierta en un simple show o en un simple debate que pudiera estar programado para distraer y para desorientar", advirtió el poderoso prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, considerado la cabeza visible de la oposición al presidente aymara.
La autoridad regional ratificó su disposición y la de sus colegas a asistir a las conversaciones, pero también con una advertencia sobre la agenda, la que -a su juicio- tiene que incorporar "temas fundamentales, como el recorte del impuesto regional, la Asamblea Constituyente y las autonomías".
El prefecto de La Paz y ligado al partido de derecha Podemos, José Luis Paredes, instó el domingo junto a una docena de organizaciones cívicas y defensoras de derechos humanos a escuchar la voz del pueblo, "que está pidiendo la paz".