La propuesta es de Acuerdo PAIS para que estos funcionarios tengan un sueldo fijo.
En el bloque de asambleístas de Acuerdo PAIS se analiza una reforma constitucional para que los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los notarios tengan el estatus de servidores públicos con relación de dependencia y un salario fijo.
La reforma apunta a controlar y a poner límite a los onerosos ingresos económicos que perciben estos sectores por un servicio considerado público y que pasen a ser administrados por los municipios del país.
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Los 440 notarios y 190 registradores de la Propiedad, así como los mercantiles no fueron incluidos en el segundo mandato constituyente que analiza PAIS y que reduce el salario de la burocracia dorada a nivel nacional, por debajo de lo que percibe el mandatario, Rafael Correa ($ 4.250).
El manejo del tema se lo hará dentro de las reformas constitucionales que tienen que ver con el reordenamiento territorial y el traslado de competencias, donde se definirá la institución que se hará cargo y los recursos que utilizará.
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La regulación de estos servicios fue un ofrecimiento de campaña electoral que hizo el Mandatario.
Esta sería una alternativa válida, si se toma en cuenta que esos gobiernos intermedios centralizan la información del pago de los impuestos prediales, con lo cual se facilitará la entrega de los certificados que demande la ciudadanía. Ese es el criterio que maneja el asambleísta Jaime Ruiz, del partido de Gobierno, quien informó que el tema fue consensuado con organizaciones sociales y municipios que están en contra de que estos entes sean manejados como un negocio particular, que genera ingresos en función del flujo y cantidad de trabajo.
Situación que, a su juicio, hace que los registradores y notarios de las grandes ciudades (Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas), con un alto desarrollo urbano, tengan ingresos semanales desproporcionados de más de 5, 10 o 20 mil dólares.
Según Ruiz, si estas actividades, que son eminentemente públicas, llegan a ser municipalizadas a través de reformas constitucionales o legales (Ley de Régimen Municipal), el costo para la ciudadanía bajará cuando requiera el servicio.
En esa misma línea se maneja el presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea, César Rodríguez (PAIS), quien explicó que el tema no fue manejado en el segundo mandato constituyente, que regula las remuneraciones del sector público, porque las registradurías y notarías están normadas por una ley especial, que debe tener un trato técnico.
Lo cierto, dijo Rodríguez, es que esas entidades se han convertido en negocio privado. “Vemos que determinados funcionarios judiciales están renunciando apresurados ante la posibilidad de perder sus privilegios, por lo que amerita que ese mandato entre en vigencia con mayor agilidad”, dijo, al referirse a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dimitieron la semana pasada para no perder su bono de 160.000 dólares.
En iguales términos se pronunciaron los asambleístas Pedro de la Cruz (PAIS) y Lenin Hurtado (MPD), quienes dejaron a consideración del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, la decisión de introducir en el orden del día del organismo la aprobación del segundo mandato constituyente.
Monopolio
Para terminar con el negocio monopólico en el que se han convertido las notarías y las registradurías, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mauro Terán, pidió a la Asamblea que incluya a estos entes dentro del segundo mandato constituyente.
Control
La falta de control a estas actividades quedó en evidencia cuando se conoció que el notario de Machala, José Cabrera, montó una oficina de captación ilegal de recursos que perjudicó a miles de personas, entre ellos a policías y militares, quienes perdieron lo que ellos llamaron inversiones.