Ley especial le permite a Chávez imponer reformas por decreto

Oposición advierte que el mandatario venezolano podría optar por esta vía constitucional.

Aunque las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Hugo Chávez fueron rechazadas por la mayoría de los venezolanos en el referéndum del pasado domingo, estas aún pueden ser aprobadas en una nueva Asamblea Constituyente o con los poderes especiales que le otorgó al mandatario la Asamblea Nacional.

El general retirado y ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, alertó que Chávez podría instrumentar cambios drásticos con las facultades que le otorgó una ley especial, por lo que planteó la necesidad de convocar a una nueva Asamblea Constituyente.

“Debemos estar en alerta ante la posibilidad de imponer estos cambios por una vía distinta a la Constituyente, como por ejemplo las leyes habilitantes por parte de los mismos proponentes de este engaño”, dijo el ex aliado del líder venezolano. Baduel dejó el cargo de ministro de Defensa y pasó a retiro en julio, pero volvió a la palestra pública el 5 de noviembre para disentir con el proyecto de reforma del jefe de Estado.

En enero de este año la Asamblea Nacional, integrada en su mayoría por adeptos al gobierno, aprobó una ley habilitante para el presidente, la cual le otorga amplios poderes para legislar en diversos ámbitos durante un año y medio, es decir, hasta junio próximo.

También el directivo de la encuestadora privada Datanálisis, Luis Vicente León, explicó que mediante estas facultades legislativas especiales Chávez podría aprobar algunas propuestas como la reducción de 8 a 6 horas de la jornada de trabajo y el pago de prestaciones para los empleados informales, por la vía de decretos-ley.

La Ley Habilitante y la actual Constitución le dan espacio de maniobra, anotó León.

El directivo indicó que en temas como la reelección sin límites, la extensión del mandato de 6 a 7 años, la creación de nuevos modelos de propiedad y la expropiación sin proceso previo, el mandatario podría recurrir a la actual Constitución y convocar una Asamblea Constituyente para introducir esos cambios en la Carta Magna.

Ayer, la prensa brasileña se hizo eco de la posibilidad de que Chávez insista en su propósito de reformar la Constitución para  obtener mayores poderes.

“Seguramente, Chávez no desistirá de lo que no obtuvo el domingo”, opinó el diario brasileño O Estado de Sao Paulo,  que alertó que “los poderes que (el presidente venezolano) ya posee  son en verdad dictatoriales”, y “puede hacer uso, por más de ocho meses, de la famosa ley habilitante, delegación de poderes que obtuvo de la sumisa Asamblea  Nacional”.

Chávez respondió en enero a críticas señalando que “se dice que voy a dictar 60 leyes tiránicas, que no he dictado en ocho años porque quizás no tuve tiempo (...); los que señalan eso tratan de perturbar el buen sentido de la mayoría, pero esconden que en la Constitución   aparece la posibilidad de que se anulen leyes”.

LEY HABILITANTE: Por decreto-ley

1
Estructura estatal
Adecuar la estructura del Estado para permitir el ejercicio del Poder Popular y transformar el funcionamiento de instituciones estatales.

2
Finanzas
Regular la actividad bancaria y emitir normas que “democraticen el crédito” y “redimensionen la figura del Banco Central de Venezuela”.

3
Sector energético
Para reformar el “marco legal que rige a la industria petrolera nacional. Lo mismo se estipula para cambiar el sector eléctrico.

4
Petróleo
Normas relativas a los hidrocarburos y derivados que utilizó para asumir el control de las actividades en la faja petrolífera del Orinoco.

5
Socialismo y propiedad
Transformar el paradigma económico capitalista, hegemónico y preservar la función social de distintas formas y clases de propiedad.

6
Territorio
Ordenación territorial para dotar a la nación de una estructura desconcentrada, y que atienda a una nueva regionalización.

7
Seguridad
Sobre la movilización de la Fuerza Armada Nacional ante cualquier acechanza en contra de la soberanía e integridad de la República.

8
Transporte
La implementación de normas que permitan regular el transporte de todo tipo “que la nación requiere para su desarrollo”.