Hugo Pashma no recuerda bien la fecha. Un día asistió a un evento organizado por Alianza PAIS para recaudar fondos y fue justamente ahí, en el Hampton Inn de Guayaquil, donde conoció personalmente a quien, meses después, llegaría hasta Carondelet.
Este industrial del área minera e importador de mármol entregó $ 50 mil para financiar la campaña de segunda vuelta de Rafael Correa. “Hombre de ideas interesantes”, según dice.
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Pero Pashma comenta que, en realidad, a él lo invitaron a apoyar al hoy Presidente. Fue un amigo en común: el importador Estuardo Sánchez Robayo, compañero de Correa en el colegio San José La Salle, designado delegado del Gobierno en el Consejo Nacional de Tránsito.
Aunque la firma de Pashma es la única que aparece en los comprobantes que –según establece la ley– suscribió al aportar $ 50 mil, admite que el 60% de ese monto fue entregado por terceros.
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“Amigos” que –justifica– no quisieron constar en la lista de financistas que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revisa.
Este organismo –según el art. 15 de la Ley Orgánica de Control del Gasto– dispone a “todos” los aportantes llenar un comprobante de contribución para que declaren que ese dinero es lícito y no mantienen litigios con el Estado, pero en el caso de PAIS no se puede determinar con exactitud, pues –como admite Pashma– no constan “todos”.
El art. 13 prohíbe efectuar aportaciones “a través de terceras personas”. Pashma asegura que lo único que buscaban sus compañeros –que dieron más de $ 30 mil a través de él– era apoyar a Correa “sin figurar”.
Hay más casos. Washington Pesántez, el mayor aportante en la segunda vuelta con $ 70 mil, ríe cuando se le pregunta si el dinero que entregó era de otras personas. “Eso no le interesa conocer al pueblo ecuatoriano”.
“Lo que podría decir es que esta fue una campaña en la que se generó un gran esfuerzo de muchos amigos. De amigos que definitivamente aportan y que no quieren dar a conocer sus nombres y que a través de personas en las que ellos tienen confianza hacen sus aportes”, anota Pesántez, quien comentó que “amigos aportantes” habían “acordado” no hablar del tema.
Pesántez, ingeniero civil de Milagro, forma parte de Corpecuador junto a otros financistas: de la segunda vuelta, Roberto Idrovo (vicepresidente del directorio) y Colón Durán Pico (miembro); y de la primera, Xavier Casal (presidente) y Omar Juez Juez (alterno de Idrovo).
Otro caso. Enrique Holmes, presidente de Viadvi (que administró Telecsa hasta abril e inició un proceso arbitral para demandar el cumplimiento del contrato), consta en la lista con $ 50 mil. Conoce a Correa de muchos años, pues –relata– el Mandatario era “gustavino”, como se llamó a los discípulos de Gustavo Noboa Bejarano en los grupos de evangelización que dirigió, hace 30 años, en el Cristóbal Colón, donde estudió Holmes.
Admite que de los $ 50 mil que entregó, $ 35 mil pertenecían a empresarios cuyos nombres no se registraron en el Tribunal.
Según documentos remitidos por PAIS al TSE, de las 54 aportaciones que recibió para cancelar gastos de segunda vuelta (de los 33 financistas con certificados), apenas dos se realizaron cuando Correa era candidato (suman $ 5.500). Luego del 26 de noviembre del 2006, cuando resultó elegido frente a Álvaro Noboa (Prian), registró 11 contribuciones hasta fin de año.
En enero del 2007 receptó 41 aportes: 18 antes del 15 (cuando se posesionó como Presidente) y 23 después. El 96,29% del dinero se captó luego del triunfo. Aunque la ley permite recibir dinero hasta 90 días después de las votaciones, en la Unidad resulta “sospechoso”, dice un funcionario que pide la reserva porque el pleno –por resolución– prohibió dar declaraciones. Él explica que más del 85% se recibió en efectivo y no en cheques, lo que dificulta establecer su origen.
Un ejemplo. Entre el 12 y el 24 de enero de este año, Washington Pesántez realizó tres aportes en efectivo que suman $ 70 mil. Su nombre reaparece cuatro meses después, cuando el Ministerio del Deporte le adjudicó un contrato de $ 110 mil para la iluminación del estadio Kléver Franco, en Machala (El Oro).
En total, según las 54 aportaciones que registra la Unidad, el grupo recibió $ 682.141,35, aunque reportó $ 660.641,35 (PAIS registra esta misma cifra como total de gastos). El movimiento pidió una revisión luego de que el TSE lo sancionó –el 29 de agosto– con la destitución del gobernador del Guayas, Camilo Samán, tesorero del binomio, y el pago de $ 965.843,06 porque –según la Unidad– el grupo gastó $ 482.921 más de lo permitido ($ 665.258,42). Para la multa se multiplica el exceso por dos; esta medida está “en suspenso”.
Entre los aportantes, Alianza PAIS incluye al prefecto de Manabí, Mariano Zambrano (PSC), con $ 20 mil, aunque él asegura que nunca entregó dinero. “Me da la impresión que alguien se dedicó a conseguir dinero y ese alguien puso bastantes nombres”, insiste el Prefecto.
El alcalde de Manta, Jorge Zambrano (PSC), está incluido en la lista, aunque afirma que fue su hijo –residente en EE.UU.– quien envió el aporte.
De los 33 financistas, 14 son empresarios de Manabí. La mayoría, ingenieros o de los sectores pesquero y portuario. En el último gremio están Lucía Fernández, presidenta de Autoridad Portuaria (delegada de Correa); Ricardo Delgado, ratificado por el Gobierno en ese directorio; y Carlos Calero, de Conservas Isabel. Fernández cuenta que apoyó al Mandatario a través de Fabricio Correa, su hermano. Calero dice que varios aspirantes le pidieron su aporte.
Los hermanos Durán Pico, de Manabí, están en la lista. “Lo mío ($ 5.553) se juntó con amigos”, dice Harvin Durán. Colón, su hermano, confirmó que aportó $ 12.000, pero no quiso hablar del origen del dinero.
Quien también se negó fue Carlos Raúl Ayala, profesor de taichí y compañero de Correa en La Salle; él aportó $ 50 mil.
Contraloría
Cinco aportes son “prohibidos”, concluye la Unidad de Control del Gasto con base en un informe de Contraloría. Jorge Zambrano, Enrique Holmes y Washington Pesántez tienen glosas; Mariano Zambrano y Fabián Álvarez, juicios. No se detalla el estado de los procesos.