Los jefes de Estado de los 22 países de esta región suscribirán el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social durante la XVII Cumbre Iberoamericana, que se inicia este jueves en Santiago de Chile.
Su objetivo es que quienes hayan trabajado y cotizado a la seguridad social en países diferentes al propio puedan recibir tras su jubilación la paga correspondiente de todos los países de esta región en los que fue empleado.
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Este acuerdo, que ha sido negociado por los gobiernos de estos países durante los dos últimos años, podrá beneficiar hasta a "más de cinco millones de personas", estimó el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.
Se trata de un acuerdo "histórico" porque "es el primer elemento realmente comunitario que sale" de las cumbres iberoamericanas, reconoció Iglesias, que anotó que en el futuro no están previstas otras negociaciones de este calibre.
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El convenio demuestra además "la importancia que empieza a tener la Cumbre en la vida de los iberoamericanos", añadió esta semana la secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez.
Actualmente existen convenios bilaterales y de asociaciones regionales como el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pero "apenas alcanza un 20% de los que se estiman necesarios para cubrir la totalidad de la región", explicó Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).
La OISS es la que tuvo la iniciativa y coordinó la negociación de este Convenio por parte de los organismos de seguridad social de los países iberoamericanas.
El tratado fue firmado recientemente por los ministros de Trabajo de todos los países del área y tras la firma por parte de los presidentes de los 22 estados iberoamericanos, en Santiago, entrará en vigor a medida que cada país lo vaya ratificando.
El convenio estipula la "igualdad de trato" de los trabajadores nacionales y extranjeros, el "sometimiento a la legislación nacional del país en el que se realiza la actividad laboral", la "colaboración administrativa y técnica entre instituciones" y la "vigencia de los acuerdos bilaterales y multilaterales en vigor en la medida en que sean más favorables".
También instaurará condiciones como haber trabajado y cotizado más de un año y el intercambio de información entre los gobiernos de los países si cambian las leyes de seguridad social, entre otras cosas, según el texto del convenio.
España, México y Chile financiarán la puesta en marcha del Convenio con un fondo dotado con 459.000 euros (unos 640.000 dólares) durante tres años para su difusión y entrada en vigor, con una contribución española de 240.000 euros (unos 336.000 dólares).