Son cinco meses de la conformación de la Comisión de la Verdad (CV) y en este tiempo se ha avanzado en la elaboración del Plan Estratégico y el reglamento interno, pero no han podido iniciar su trabajo por la falta de presupuesto.

La presidenta de la Comisión, la defensora de los derechos humanos, hermana Elsie Monge, descartó que se estén desgranando y más bien detalló cómo han organizado el trabajo. La Comisión tendrá una labor ejecutiva, el Comité de Soporte al que pertenecen los familiares de las víctimas, será asesora. La integran el delegado de monseñor Alberto Luna,  Iván Granda, Julio César Trujillo y Pedro Restrepo. El Comité de Soporte: Mireya Cárdenas,  Clara Medina, Francisco Acosta Velasco y el experto en derechos humanos, Ramiro Ávila.

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¿En las comisiones de la Verdad de Chile, Argentina y Centroamérica no tenían como integrantes a familiares de las víctimas? ¿Eso les vuelve juez y parte?
Yo creo que el Comité de Soporte, que también forman el Comité Contra la Impunidad, tienen un papel importante. Han recopilado información, cada uno sobre su caso, y son importantes como proveedores de información. Tienen un rol asesor y no de dirección, justamente para evitar que se les considere juez y parte.

¿Eso se definió en la reunión con el Ministro de Gobierno el jueves 18 de octubre?
Esas han sido las discusiones que hemos tenido y que se arreglaron en ese jueves. Queremos que sea un trabajo profesional, incuestionable. Sabemos que se van a afectar intereses y  ser objeto de ataques.

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¿Hasta dónde llega el apoyo del Gobierno?
No nos vamos a prestar para un uso político. Pero para poder documentar y señalar indicios de responsabilidad necesitamos pruebas, que están en los archivos del Estado. Ahí está el rol del Gobierno, en la decisión política de abrir los expedientes.

¿Es verdad que les han prohibido investigar los atentados del gobierno de Lucio Gutiérrez?
En contra de Gutiérrez, por la represión de abril del 2005, existe un juicio en la Corte Penal Internacional. No podemos abarcarlo todo, por eso hemos definido un periodo histórico.

¿Creen que la Policía colaborará con su trabajo?
Cruzamos los dedos y esperamos poder juntar los pedazos de los rompecabezas. Sabemos que no vamos a encontrar todo en un solo lugar. Vamos a necesitar de expertos y documentalistas para armar hojas de ruta y seguir las pistas.

¿Cómo van a recibir las denuncias?
Vamos a abrir un proceso para la recepción de denuncias. Ese será el primer paso. Investigaremos con énfasis las desapariciones forzadas, homicidios  o ejecuciones extrajudiciales y de tortura.

¿Tienen cifras de las víctimas durante el régimen del ex presidente León Febres-Cordero?
Le aclaro que esta no es una comisión inquisidora. En la Cedhu hemos registrado que entre 1980 a 1999 hubo 5.000 arrestos arbitrarios y del 2000 al 2006 tenemos 3.257. La proporción en el segundo periodo es mayor, pero cómo interpretamos, ha habido más casos o la gente ya se atreve a denunciar.

¿Les alcanzarán los nueve meses para investigar todos los casos existentes?
Es muy poco tiempo y nos podemos extender a un año, según el decreto. A mí me da recelo por la expectativa que se ha creado en el país.