Empleados, que pidieron no ser identificados, cuestionaron la posición del presidente del Congreso, Jorge Cevallos (antes del Prian) y de la dirigencia de los trabajadores legislativos porque no observan una actitud de defensa institucional frente a los anuncios de disolución que llegan desde el Ejecutivo.
La preocupación que tienen los casi 1.500 empleados que conforman el Parlamento es su situación laboral y la indemnización que recibirían en caso de disolver al Congreso.
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Unos calculan que los empleados recibirían una indemnización de entre 10 mil y 30 mil dólares; los montos variarían de acuerdo con los años de servicios y las condiciones de su contrato, pues alrededor de 340 empleados laboran bajo nombramiento y el resto son trabajadores ocasionales.
El presidente de la Asociación de Servidores Legislativos (Asosel), Mario Gordón, anunció que una comisión especial de empleados analizará la situación para definir una estrategia y elevar una queja al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), principal órgano de gobierno del Congreso.
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Dijo que hay que actuar con responsabilidad y madurez, pues indicó que hoy es la oportunidad de demostrar que quienes laboran en el Parlamento son eficientes.