Los viajes y ofertas del Mandatario, a más de su aparición en spots de TV, beneficiaron a PAÍS.
El gobierno promovió la idea de que estas serían las elecciones más democráticas de la historia pues todos los participantes tendrían las mismas oportunidades; sin embargo, una lucha desigual se vivió durante la última campaña electoral.
Las caminatas y recorridos de los candidatos a asambleístas, así como las franjas publicitarias asignadas a ellos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debieron hacer frente a la estrategia desplegada por el Gobierno nacional para apuntalar su proyecto político representado en Acuerdo PAÍS.
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La falta de un marco legal claro que limite la intervención indirecta del Ejecutivo y el afán de este por obtener la mayor cantidad de escaños en la Asamblea abrieron el camino para que, en los dos últimos meses, el presidente Rafael Correa ejecute prácticamente su cuarta campaña electoral, que tuvo su línea de partida en Manta, donde a fines de julio abrió paso a la venta de las aletas de tiburón pescados incidentalmente.
Así manifestaron candidatos de otras agrupaciones ante el TSE, cuya respuesta fue que no había impedimentos legales.
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Los continuos viajes por el interior del país –además de su última gira al exterior–, la colocación de 14 primeras piedras para obras, bonos y créditos, la firma de decretos, la oferta de nuevos proyectos, las marchas y caravanas protagonizadas por Correa y otros funcionarios de Gobierno, que se intensificaron en los 45 días de campaña, fueron parte de un mecanismo que, sin promocionar directamente los nombres de los candidatos de PAÍS, los benefició.
“Es indudable. Hubo una tremenda desventaja en la campaña y los más aventajados fueron los candidatos oficialistas”, sostiene el consultor de opinión, Hugo Barber, quien considera que el Gobierno nacional usó los privilegios que le otorga el poder para fortalecer la imagen política de su movimiento.
Según él, Correa tenía derecho de expresar su apoyo a los candidatos de su preferencia; sin embargo, advierte, lo criticable es la coincidencia de la campaña electoral con la intensa difusión de obras estatales.
“Al estar unida la figura del presidente Correa a PAÍS, todo lo que haga el Gobierno en obras, entrega de incentivos productivos y otros, inclina la balanza a favor de sus candidatos”, añade Barber.
Con esto coincide la catedrática Carol Murillo, a quien no le parece mal que el Gobierno haya intervenido en la campaña. “Mientras no sea demagógica (la intervención) y las ofertas se cumplan está bien, porque fueron el presidente y Alianza PAÍS quienes propusieron la Asamblea”, dice ella.
Para ella, más allá de los mecanismos usados por el Gobierno para respaldar a sus candidatos, es importante destacar que la campaña evidenció que los partidos tradicionales, e incluso los nuevos, no tuvieron propuestas políticas serias.
José Valencia, representante de Participación Ciudadana, organización que ha dado seguimiento a toda la campaña, cree que a más de la logística desplegada por el Gobierno, hubo otro factor que perjudicó a los candidatos de otros sectores: sus propias propuestas.
La desigual promoción, según Valencia, se genera en la inexistencia de una disposición legal que no deje espacios para la intervención indirecta no solo del Gobierno central sino también de gobiernos seccionales en la campaña electoral.
“El Tribunal debió haber establecido una veda de la publicidad oficial”, señala Valencia.
Para él hubo una circunstancia que jugó a favor del Gobierno: a diferencia del pasado, cuando recibir apoyo del régimen “constituía casi un abrazo de la muerte, ahora produce el efecto contrario debido a su alto nivel de popularidad”.