Aunque consta el título de propiedad de Roberto Zerega, la defensa argumenta que la transferencia de Mera del 50% de las acciones a Zerega no tiene validez porque no se hizo la carta de notificación a la Superintendencia de Compañías.

Bodero añade que con la nulidad de las escrituras esa trasacción quedó insubsistente y que los problemas se inician cuando Zerega pasa las acciones a su hija, “y ya se pudo notar que no quería devolver ni el paquete accionario ni el control de la empresa”. Empero, existe la escritura de julio del 2006 en donde Mera ratifica el traspaso de acciones a Zerega.

  En la parte penal, Bodero dice que espera un juicio justo, “sin apasionamientos”, y en la parte societaria “a que se reconozca “que la familia es la dueña del 100% de la parte accionaria”.

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La parte acusadora, representada por el estudio jurídico Solórzano Constantine  pide la pena máxima (25 años) para  Meza, “ya que el acto que cometió cumple con ocho de los nueve agravantes que existen en el Código Penal”, dice la abogada Carmen Solórzano, que detalla los agravantes: “Con alevosía, por precio o promesa remuneratoria, con enseñamiento o aumentando deliberado e inhumanamente del dolor del ofendido, cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse, por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos, buscando de propósito el despoblado para cometer el crimen (sacaron a todos los empleados), con el fin de que no se descubra o no se detenga al delincuente (mataron al hijo para que no haya testigos), como medio para consumar otro delito (las apropiaciones de las compañías)”.

En la parte societaria, la familia Zerega pide una indemnización de 10 millones de dólares “porque cuando reasumimos el control de las empresas, Meza solo dejó grandes deudas”.