Atraviesa su primera polémica en el cargo que ocupa hace cinco meses. La controversia enfrenta a pescadores y ambientalistas. Todo por las aletas de tiburón, que se comen en sopa y que –dice– no han llegado a su boca.

La propia subsecretaria de Recursos Pesqueros, Marcela Aguiñaga, lo reconoce: Hacen falta más inspectores para vigilar que la pesca de tiburón en el país no sea dirigida, pues –como ella confirma– solo hay 18.

Según los registros de la Dirección General de Marina Mercante (Digmer), hay 22.672 embarcaciones –entre grandes y pequeñas– que desembarcan en 56 puertos pesqueros.

Aguiñaga, sin embargo, dice que sería ineficiente y “una meta difícil de cumplir” tener un inspector en cada caleta. Señala, además, que el Gobierno no acepta condicionamientos para reformar el Decreto 486 que permite la comercialización de aletas de tiburón producto de la pesca incidental.

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El jueves no llega a la cita. Una hora después, manda a decir que no, que mejor al día siguiente. El viernes tampoco llega. Al menos no a la hora acordada. Aunque debía aparecer en su oficina antes de las 10:00, Marcela Aguiñaga Vallejo lo hace a las 11:19. Su cargo de subsecretaria de Recursos Pesqueros la mantiene ocupada. En treinta y cinco minutos de  entrevista –pese a su retraso, ella pide que sean solo quince– su celular suena en nueve ocasiones. A veces contesta.

– Mejor venga en la tarde porque ahorita hay una marcha terrible, comenta la funcionaria en el teléfono. Desde su despacho, piso siete del Banco Central, se escuchan consignas a favor de su gestión y del Gobierno. “Es el sector pesquero artesanal que sale a defender sus derechos”, dice Aguiñaga, una abogada que, aunque especializada en derecho ambiental, últimamente califica al gremio como “fundamentalista”. Sobre todo desde la expedición –el 21 de julio– del decreto 486, que permite la comercialización de aletas de tiburón producto de la pesca incidental.

Hasta marzo pasado –desde diciembre del  2004–  trabajó en el estudio jurídico de Heinz Moeller, abogado de empresarios camaroneros, legislador del PSC en cuatro periodos y amigo del ministro de Agricultura, Carlos Vallejo, a quien incluso el ex canciller llama con cariño “el negro”.

A la par, se  encargaba del área legal del Instituto Nacional de Pesca (INP) desde marzo del  2006. Renunció a  ambos puestos para ser subsecretaria.

Este martes se cumple el primer mes de la emisión del decreto 486. ¿Cuál es su evaluación?
La ejecución ha sido todo un reto para el personal de la Subsecretaría. Cuando llegamos aquí encontramos una política pesquera absolutamente abandonada... Hemos implementado mayores controles, fortalecido institucionalmente a la entidad, contamos con muchísimos, ehhh...  Con mayor número de inspectores.

¿Pero qué controles exactamente se han implementado?
Se iniciaron antes de la expedición del decreto en varios temas de ordenamiento pesquero y otras actividades como inspecciones a camaroneras... En el tema del decreto 486 se han implementado los  sistemas de control en los principales puertos de desembarco.

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¿En total cuántos inspectores hay en el país?
Actualmente son  18.

¿Cree que esta cifra es suficiente? Solo en Santa Rosa hay más de dos mil   pescadores y en Manta son muchísimos más.
Es un  proceso de cambio. Un gobierno que tomó una política pesquera destruida, lo primero que ha hecho es fortalecer institucionalmente la Subsecretaría... Sería ineficiente para el país, realmente una meta difícil de cumplir, que tratemos de poner un inspector en cada una de las embarcaciones, en cada una de las caletas.

¿Reconoce, entonces, que sí hacen falta más inspectores?
Por supuesto. Siempre van a hacer falta más. Siempre va  a hacer falta mayor número de control, mayor personal para digitalizar la información, para levantar la estadística que  estamos recuperando.

El Estado reconoció en el decreto  2130  que la captura de tiburón en Ecuador no es incidental, sino dirigida. ¿Por qué derogar esta política y abrir el comercio de aletas sin haber incrementado primero los controles?
El  2130 no resolvió nada. No conservó los tiburones... Puso una prohibición de comercialización para las aletas, mas no para los cuerpos  (también lo permite el actual). Por tanto, era una medida absolutamente incoherente. No buscó ningún mecanismo de control.

La tabla comparativa entre  el 2130 y 486 que difunde el Gobierno señala que  el primer decreto no establece ningún sistema de control y no es así, aunque no es tan específico como el actual. Se habla, por ejemplo, de reportar la captura incidental y señalar el destino de su carne a la Dirección General de Pesca. Determina, además, que  esta Dirección vigilará las faenas.
Es incoherente redactar que  el Director de Pesca y los inspectores estarán controlando toda la faena de pesca, que comienza desde que  el pescador arma sus artes de pesca, es decir, el inspector tendría que  estar en toda la operación, lo que, sin duda alguna, es incoherente.

¿Pero por qué no se esperó primero a tener listos los controles y levantar estadísticas, antes de ejecutar esto ya en la marcha?
Bueno, el mercado negro continuaba. A mí me sorprende dónde estaba el sector conservación mientras las aletas salían por los mercados negros a merced de que los pescadores eran explotados. Esto fomentó  las coimas y nadie dijo nada.

¿Pero por qué se hizo así?
En administración pública yo necesito un mandato legal para proceder a una cantidad de implementaciones y medidas. Ese mandato legal fue el decreto 486 (...) Es injusto tratar de pretender, como se hizo con el 2130, que el peso del control está solo en Ecuador continental, cuando el aleteo se realiza desde las islas. Estudios de organismos internacionales han determinado que no necesariamente las aletas que vienen de Galápagos son desembarcadas en Ecuador continental.

Pero organizaciones como Wild Aid señalan que  el 80% de las aletas de  tiburones capturados en el país vienen de las islas.
Yo no sé de dónde ha sacado esa evaluación Wild Aid. Pido a Wild Aid que me muestre los datos científicos.

Si bien había un mercado negro antes del 486, era camuflado. Ahora es abierto con el agravante de que los controles no son suficientes y, como reconoce, faltan más inspectores.
Yo no he reconocido que los controles no sean eficientes.

Suficientes le he dicho.
Estoy diciendo que se requieren más inspectores. Siempre. Voy a requerir más secretarias siempre, más choferes, cuando más trabajamos necesitamos de mayor personal. Lo que se ha hecho es  establecer una cadena de custodia, a través del certificado de monitoreo.

Este sistema es muy similar al de Galápagos. ¿Sabe que tardó mucho tiempo en implementarse, pese a que allá el número de pescadores es inferior? Primero debió haber una capacitación.
No es cierto que  este sistema y la expedición del 486 salió de la noche a la mañana. Fue una discusión de la pesca incidental por dos años, donde sectores ambientales, conservacionistas, pescadores artesanales y sector público se reunieron a buscar reformas al  2130. Es parecido al de Galápagos, pero se discutió hace algún tiempo, no ha sido una cosa sorpresiva.

Pero ni siquiera la ministra de Ambiente, Ana Albán, conocía el contenido y lo mismo han dicho sectores ambientalistas.
No le puedo contestar opiniones de otros.

¿Hasta qué cantidad se puede considerar una pesca como incidental?
El volumen que se ha visto en las últimas semanas da cuenta, más bien, de una captura dirigida, no incidental.
La captura incidental no se mide  en forma cuantitativa, sino cualitativa. Está dada por el objetivo de la pesca, por lo cual es importante prohibir artes tiburoneras. Si le pongo número, estoy autorizando la pesca.

¿No le parece que por el volumen de captura se trata de una pesca no tan incidental?
¿Pero cómo sabe? ¿Estaba  antes en los puertos pesqueros?
Es decir, se puede denominar pesca incidental, así se capturen muchos tiburones.
Así es. La pesca incidental no está dada por la cantidad.

¿Cuántos exportadores se han registrado desde  el decreto?
Estamos en el proceso de registrar empresas para que exporten aletas. Creo que  están presentadas dos solicitudes (interrumpe el diálogo para decir que  está apurada porque debe ir a la marcha de pescadores).

¿Usted se considera más abogada o ambientalista?
Yo soy abogada, así es, pero creo firmemente  en el desarrollo sustentable. No el per se del conservacionista fundamentalista que solamente conservamos cuando nos conviene.

¿Qué piensa de la postura de los ambientalistas que han cuestionado partes del decreto?
Me extraña porque yo sé cómo nació el  2130. Nació para proteger a Galápagos. No se tomó en cuenta al sector pesquero artesanal.

¿El Gobierno descarta reformar el actual decreto?
El Gobierno no descarta posibilidad de mejoramiento. Este decreto fue hecho por hombres, por tanto, puede ser perfectible en la opinión de muchos. Lo que el Gobierno rechaza y no acepta son posiciones de condicionamiento, como se ha pretendido...

¿No creen que abrir la comercialización de aletas puede ocasionar que aumente su pesca?
No estoy de acuerdo porque buscar normas que  evitan el comercio no busca la conservación de los recursos. El hecho de que no comercialice las aletas no quiere decir que  estoy conservando los tiburones.

¿Por qué no acoger la propuesta de dejar insubsistente  el decreto hasta reforzar controles?
Los controles están en plena ejecución (...) Que se nos diga en este momento que volvamos hacia atrás, que nos quedemos a las ciegas del mercado negro que provocó el decreto anterior, yo como una persona convencida de la conservación, lo rechazo profundamente.

¿Ha probado alguna vez la sopa de aletas de tiburón?
Jamás. Nunca la he probado.

Usted trabajó en el estudio jurídico de Heinz Moeller. ¿Qué procesos llevó adelante?
Trabajé allá en temas de asesoría en materia ambiental e inversiones turísticas.

¿Cómo llegó al cargo?
Vengo haciendo trabajos para el sector pesquero ambiental... A raíz de eso,  alguien (no dice quién) le dio mi nombre al ministro Vallejo, me hizo una entrevista y vio mi hoja de vida.

Marcela Aguiñaga

EDAD
34 años.
PROFESIÓN
Abogada de la U. Católica (1999); posgrado de especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible en la U. de Guayaquil.
EMPLEOS
Abogada asociada del estudio jurídico Moeller, Gómez-Lince & Cía. (2004-2007). Asesora jurídica del Instituto Nacional de Pesca (2006-2007). Asesora y consultora legal del Parque Nacional Galápagos (PNG)  en varios periodos; uno de ellos, bajo las órdenes de Eliécer Cruz, entonces director del PNG y hoy Gobernador de Galápagos.