Frente a las supuestas anomalías en el proceso, la defensa de la ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Alejandra Cantos, planteará este lunes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de casación, para dejar sin efecto la sentencia de ocho años de reclusión por peculado que contra ella dictó el Cuarto Tribunal Penal de Pichincha.
Así lo anunció ayer su abogado Aníbal Tamayo, quien cuestionó el fallo y expresó que el proceso se tramitó con irregularidades que hacen presumir la presión de personas vinculadas con la banca cerrada, para perjudicar a Cantos y a dos de sus colaboradores, sentenciados con la misma pena: Pedro Votruba y Reinaldo Valarezo. Los tres gozan de asilo político en Venezuela.
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Tales anomalías, dijo Tamayo, tienen que ver con la decisión de un fiscal encargado de iniciar la etapa investigativa en 24 horas; inmediatamente, el juez de la causa dictó la orden de prisión preventiva. Además, según el abogado, se practicó la audiencia preliminar sin contar con el fiscal, se dieron llamadas telefónicas y encuentros furtivos de jueces con personas vinculadas a la banca.
Con este fallo, suscrito por los jueces del Tribunal: Luis Costales y Guillermo Miño, agregó Tamayo, los magistrados dejaron en la impunidad los hechos dolosos cometidos por la administración del ex banquero Alejandro Peñafiel en el Banco de Préstamos. Explicó que en 1997 los ex administradores de ese banco cometieron delitos que no podrán ser perseguidos y sancionados por la Ley, pues prescribirán en diciembre, fecha en que se cumplen diez años de su cometimiento.
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Relató que Cantos y el comité de créditos de la AGD, en su sesión del 16 de agosto del 2005, restablecieron a la empresa Silvadin (vinculada al Banco de Préstamos) la categoría de deudora del Estado, cuya condición la perdió en forma irregular.
Según la acusación inicial, la AGD transfirió -en esa fecha- una deuda por $ 5 millones de Parkenor (deudora original) a Silvadín, ambas vinculadas al grupo de Alejandro Peñafiel.
La Agencia remató el edificio Torrezul, de propiedad de Silvadín, para recuperar parte de la acreencia. Este bien tenía dos problemas: estaba hipotecado y valía alrededor de $ 3 millones, menos que la deuda.
Pilar Guayasamín, que en ese entonces era administradora temporal de las instituciones financieras de la Sierra, renunció días después y denunció irregularidades en la operación.
La Superintendencia de Bancos delegó a Marco Rivadeneira, experto en supervisión de la entidad, que investigue el tema. Su informe sirvió de base para la acusación de peculado, originada en el cambio de asiento contable.
Grupo
La Coordinadora Política de Mujeres, de la que fue parte la ex gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, pidió a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo o que pida al Congreso le conceda la amnistía.