El viernes pasado, German emitió una excitativa fiscal en la que pide enjuiciar al ex presidente y a sus colaboradores María Luisa y Jorge Luis Tapia y Azucena Brown, a quienes acusó del delito de peculado al haber autorizado la suscripción de un contrato presuntamente lesivo para el Estado entre Andinatel y la empresa Algalite en octubre del 2006.
“En la acusación presentada no se cita ningún texto o declaración que determine alguna participación de Palacio y sus colaboradores en el caso, con lo que queda claro que hay un interés de molestar sus actividades privadas”, expresó ayer su abogado, Joffre Campaña.
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El jurista aseveró que existe un informe pericial realizado a pedido del propio ministro Fiscal que indica que no hubo egresos para la ejecución del contrato y, por tanto, no se produjo ningún perjuicio ni el delito de peculado.
El perjuicio a la empresa telefónica ascendería a $ 840 millones. Según la Fiscalía, el contrato se firmó sin la aprobación del directorio de Andinatel o del Fondo de Solidaridad.