De apresurada y con errores de forma y fondo calificó la Junta Cívica de Guayaquil a la resolución del Consejo Nacional de Tránsito (CNT) que permite a las cooperativas interprovinciales usar el puente Rafael Mendoza Avilés.
La decisión fue objetada por la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) que a través de su director ejecutivo, Ricardo Antón, ha permitido el ingreso de solo tres cooperativas: FBI, Rircay y La Troncaleña.
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Mientras la dirigencia de la transportación mantiene reuniones con el gobernador del Guayas, Camilo Samán, y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Junta Cívica emitió un comunicado en la que cuestiona al CNT.
El documento, suscrito por el presidente (e) de la Junta, Alberto March, señala que en una sesión el CNT sin un análisis técnico ni estudios jurídicos respecto de los antecedentes y su competencia, resolvió sobre arbitrios de la CTG.
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Agrega que los artículos 19 y 23 de la Ley de Tránsito describen las competencias del CNT y exceptúa las conferidas a la CTG en su jurisdicción. “Toda decisión que involucre el control del tránsito en la provincia debe basarse en estudios que se enmarquen en el plan vial del Consejo Provincial y de los municipios”, agrega March.
Afirma que el directorio de la CTG dispuso al director ejecutivo que si el CNT no revisa su resolución inicie las acciones administrativas de ley.
Recomendó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Trajano Andrade, reestructurar el directorio del CNT donde, afirma, los transportistas se controlan a sí mismos.
El pasado martes, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que no permitirá que más buses de cooperativas interprovinciales transiten por la avenida Benjamín Rosales (que une al puente Rafael Mendoza Avilés con la terminal terrestre), sin que estén autorizadas debidamente por la CTG.