Tranquilo y convencido de que su actitud fue en todo momento “absolutamente irreprochable”, el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, junto a otros tres altos cargos de la compañía, afrontó ayer la primera diligencia judicial como imputado por un presunto delito de estafa y fraude a los consumidores, tras el cese de operaciones de la aerolínea el  15 de diciembre del 2006.

La denuncia la interpusieron la Organización de Consumidores y Usuarios y la Asociación General de Consumidores por la venta de billetes para viajar “con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar”, lo que causó un grave perjuicio a miles de clientes, entre ellos inmigrantes ecuatorianos.