Reestructuración. Se espera cambiar la conformación del Comité de Excusas para evitar sanción.

El acuerdo político de la nueva mayoría gobiernista tiene tres ejes: garantizar la realización de la consulta popular para instalar la Asamblea Constituyente, elaborar una agenda legislativa que permita ‘recuperar’ su imagen y reestructurar integralmente el Congreso al nombrar a los dos vicepresidentes y cambiar las 18 comisiones especializadas permanentes.

Los diputados Homero López (PRE), Ramsses Torres (PK) y Wilma Andrade (ID) revelaron que existe también el compromiso de garantizar la permanencia de los 21 diputados que ayer se principalizaron, ante la arremetida que pueda venir de los 57 destituidos.

Para ello esperan cambiar la integración del Comité de Excusas y Calificaciones, organismo que juzga a los diputados.

El compromiso de los 21 principalizados  es que de ese grupo saldrá el primer vicepresidente; para el cargo se habla de Miguel Castro, quien lidera el grupo y pertenecía a SP. La segunda vicepresidencia está en disputa entre el PRE y Pachakutik.

La reestructuración de las 18 comisiones especializadas permanentes se realizará la próxima semana. El objetivo es  esperar que hasta mañana se incorporen los 44 diputados que faltan para completar los 100 legisladores (15 de SP, 19 del Prian y 9 del PSC), pues hasta el momento actúan 56 diputados.

Andrés Páez, jefe de bloque de la ID, considera que el actual Congreso no debe encargarse de las reformas constitucionales (como pretendía la anterior mayoría, conformada por el Prian, SP, PSC y UDC), sino la Asamblea  Constituyente cuando se instale, aunque lo que el Congreso ha procesado puede entregarse como sugerencias.

Hasta antes de la destitución de los diputados, el Congreso intentaba reactivar el debate sobre la reforma constitucional. La Comisión de Asuntos Constitucionales, entonces presidida por Carlos Larreátegui (UDC), también defenestrado, tenía previsto presentar, durante los primeros días de marzo, un  informe sobre las reformas puntuales a la Carta Política.

Según dijo, existía un acuerdo previo entre los bloques que integraban la entonces mayoría para avanzar en este tema.

Larreátegui comentó que, en el supuesto de que gane el ‘sí’ en la consulta popular, el trabajo que tenía previsto realizar el Congreso alrededor de la reforma política se convertiría en un aporte para que la Asamblea no se constituya sin una agenda.

Dentro de los cambios constitucionales que esperaba  debatir la anterior mayoría estaba la despolitización y despartidización de los organismos de control, la bicameralidad del Congreso, la reelección de los legisladores y la fiscalización parlamentaria frente al Ejecutivo.

La crisis frenó, además, el envío al Congreso de una reforma a la Ley de Transparencia Fiscal para eliminar los techos impuestos al gasto corriente y de inversión, en especial en las áreas de salud y educación.

Según el ministro de Economía, Ricardo Patiño, el proyecto está listo. Con la reforma, el país se expondría a un incremento excesivo del gasto, aunque asegura que el límite dependerá de la responsabilidad de los funcionarios de turno.

Entre los temas que deberán conocer los diputados están la Ley de reactivación productiva impulsada por León Febres-Cordero (PSC) y la Ley de Autonomías, cuyo principal promotor ha sido el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

APUNTES: En el TSE

Apelaciones
De forma sorpresiva, el TSE no resolvió ayer las apelaciones presentadas por trece diputados destituidos para recuperar sus cargos. Su titular, Jorge Acosta (SP), no incluyó el tema en el orden del día, pese a que  el informe sobre el tema estaba listo. Acosta defendió la validez de la lista de los 57 destituidos.

Renuncia
María Verónica Arias (PSC), alterna de la destituida Lucía Burneo, renunció ayer al cargo. Cuestionó la descalificación de Burneo y dijo que prefiere no asumir el cargo en su reemplazo.