Con la demanda presentada ayer por el diputado Luis Almeida (SP) en contra del ex mandatario Alfredo Palacio por peculado, en el que cuestiona la legalidad del contrato concedido a la transnacional Algalite con Andinatel, el partido de Lucio Gutiérrez puso en marcha un proceso de fiscalización a ese régimen.
Paralelamente, el miércoles anterior, el contralor Carlos Pólit (SP) ordenó un examen de auditoría en las aduanas en la administración de Palacio.
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En su demanda, Almeida, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, solicitó al fiscal, Jorge German, investigar el contrato de intermediación comercial de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones actuales y futuros suscrito entre Andinatel y la empresa Algalite, cuya firma habría generado un perjuicio incalculable al Estado.
A más de Palacio, en la denuncia fueron incluidos el ex presidente de Andinatel, Juan Esteban Arellano, y el apoderado de la compañía Mulberri Finance y accionista de Algalite, Juan José Vivas Hilbron.
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Así también, Juan José Vivas Wagner, ex asesor presidencial; Roosevelth Chica, ex secretario de la Presidencia; Jorge Muñoz, ex gerente de Andinatel; Luigi Lofruscio, vicepresidente de productos y servicios, entre otros.