Jueves 21 de diciembre del 2006 Política

Ayer, ex banquero Fernando Aspiazu salió en libertad

QUITO

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El ex banquero guayaquileño Fernando Aspiazu fue abucheado por los ex clientes del Banco del Progreso cuando acudió a declarar a la Corte en febrero del 2005.

La Dirección de Rehabilitación le concedió una rebaja de 1.620 días por el beneficio de la ley del 2 por 1.

Tras recibir la boleta de excarcelación del Primer Tribunal Penal de Pichincha, ayer por la tarde abandonó la Penitenciaría del Litoral el ex banquero Fernando Aspiazu.

Quien fuera propietario del Banco del Progreso dejó la cárcel en medio del sigilo y sin referirse al caso que lo mantuvo detenido por siete años y cinco meses.

El presidente del Primer Tribunal Penal de Pichincha, Gil Flórez, otorgó ayer la orden de libertad al ex banquero guayaquileño Fernando Aspiazu Seminario, quien estuvo detenido por el delito de peculado.

Fuentes judiciales indicaron que la excarcelación de Aspiazu fue posible porque se le aplicó la pena única establecida en el Código Penal.

La norma citada consiste en que una vez que se encuentren ejecutoriadas las sentencias (diez) se aplica la pena mayor, por lo tanto las otras inferiores quedan rezagadas.

A esto se suma el hecho de que la defensa de Aspiazu solicitó también las rebajas previstas en el Código de Penas,  como el dos por uno al que el ex banquero se beneficia porque ingresó al sistema carcelario el 13 de julio de 1999.

La sentencia mayor de Aspiazu impuesta por el Tribunal Penal es de nueve años, por lo que acogiéndose a todos los beneficios él ya cumplió en exceso la pena.

Francisco Ycaza, abogado del ex banquero, dijo anoche que Aspiazu dejó la Penitenciaría del Litoral a las 17:00, pero su paradero es incierto.

El ex propietario del Progreso fue apresado el 12 de julio de 1999 en Guayaquil por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y trasladado a Quito, cuando interponía un recurso constitucional de amparo, en el Palacio de Justicia, para evitar el cierre de la entidad bancaria.

Un día después (13 de julio) se emitió una orden de prisión por ilícito tributario, que fue anulado por la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

Estuvo detenido siete años y cinco meses, acusado del delito de peculado (apropiación de dineros públicos), entre la Cárcel 4, el penal García Moreno, en Quito; y la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil.

Ycaza señaló que en contra de Aspiazu se presentaron 200 juicios, de los cuales 185 fueron desechados. De las 15 restantes se acumularon 10. De estos se encontraban a la fecha con sentencia ejecutoriada.

El abogado agrega que de acuerdo con el Código Penal, cuando existen varias causas para un mismo procesado, se puede acceder a lo que se llama la pena única, es decir, que la pena mayor absorbe a la menor. El Primer Tribunal Penal de Pichincha sentenció a nueve años a Aspiazu. Las sucesivas sentencias fueron inferiores, aunque hubo un dictamen de doce años, que luego de ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia se redujo a ocho.

Con todas las sentencias ejecutoriadas, añade Ycaza, se procedió a la aplicación de la pena única (9 años) y se ofició a la Dirección Nacional de Rehabilitación  Social (DNRS)  para que de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas se ejecute la rebaja de ley. Esto permitió que se reduzcan 1.620 días por la ley del 2x1.

Sin embargo,  Aspiazu deberá pagar $ 442,2 millones a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Esta es la mayor indemnización, por daños y perjuicios, derivada de un juicio por peculado iniciado tras la crisis bancaria de 1999.

EL BANCO

Saneamiento

El Banco del Progreso entró en proceso de saneamiento el 13 de julio de 1999. Es la institución en la que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ha tenido más problemas para cancelar a los depositantes. Sus deudas ascienden a 274,3 millones de dólares.

Deudas
En su portafolio de cartera (las deudas por préstamos concedidos mientras estaba en funcionamiento) hay $ 850 millones de créditos vencidos y que están sin reestructurar.

Cartera
El total de la cartera del Progreso llega a $ 2.043 millones, lo que dobla la suma de los valores del resto de bancos a cargo de la AGD.

Investigaciones
Desde que el banco cerró sus puertas, en marzo de 1999, Fernando Aspiazu enfrentó cerca de 80 investigaciones,  en  juzgados de Quito y Guayaquil.
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