El ‘candado’ se posterga hasta luego de comicios

Algunos sectores pretendieron acelerar el proceso por cálculos electorales, pero aquello espantó los 67 votos que se necesitaban para reducir el plazo –de un año a tres meses– entre el primero y el segundo debate para que una reforma a la Constitución  sea aprobada.

Algunos sectores prefieren  no tratar el tema para no ‘perjudicar o beneficiar’ a algún aspirante presidencial. Cuestionan, además, la consulta del Ejecutivo.

Carlos Kure (PRE) consideró que será el próximo Congreso el que resuelva el asunto a fin de llevar adelante las reformas. Lamentablemente, agregó, si el tema es asociado con una visión política de que puede perjudicar o beneficiar a algún  presidenciable, algunos diputados ya ni siquiera quieren entrar al debate.

Los roldosistas, socialcristianos, socialdemócratas, demócratas populares e independientes coinciden en señalar que el plazo  que el Congreso tendría para tramitar una reforma a la Carta Política es de tres meses, con ello, se podría garantizar que el próximo Parlamento tramite las reformas puntuales que presente el Ejecutivo.

Abraham Romero (PSC) indicó que, personalmente, considera que el actual Congreso no debe tramitar la propuesta. Ramiro Rivera (UDC) comentó, en cambio,  que  el Jefe de Estado no aprovechó la coyuntura electoral donde debió incluir una pregunta para que el próximo mandatario envíe un paquete de reformas en el primer mes de gestión a fin de que el Parlamento lo tramite en un plazo de 120 días.

Esto a propósito del texto de la Consulta Popular que presentó el presidente Alfredo Palacio el lunes pasado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), justo un día antes de que termine el plazo y que no contiene ninguna propuesta para reforma constitucional o electoral, y plantea tres preguntas relacionadas con la educación, la salud y la inversión en el sector social.

Según Rivera, estos  temas  son importantes, pero faltó la parte política para bajar la confrontación de los aspirantes presidenciales que han planteado varias  reformas.

Ricardo Ulcuango (PK) dijo que los temas de la consulta son demasiado obvios y debió incluir la pregunta sobre la  Constituyente, la Base de Manta y la firma del TLC.

Mientras tanto, la Comisión Jurídica del TSE tiene previsto emitir esta semana su informe respecto a la viabilidad  de la consulta  convocada por Palacio para el  26 de noviembre.

Su titular, Patricio Torres (MPD), indicó que el texto se someterá al análisis de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución que faculta al mandatario a utilizar ese instrumento. Para el vocal Marco Benavides (UDC), si se da paso a la consulta se necesitarán   9’165.125 papeletas, cuyo costo estimado es de $ 0,06, y  36.607 urnas más, cuyo valor está en alrededor de $ 0,16 cada una.