El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, explicó que el gobierno pagó un alto costo político por el tratamiento dado a los jefes paramilitares que desde el 2004 han permanecido en libertad o concentrados en sitios de descanso.
Según el jefe de la Policía, Jorge Castro, hay otros once jefes “paras” por entregarse, para acatar el proceso de paz que los obliga a someterse a la justicia y confesar sus crímenes para enfrentarse con una ley que otorga penas máximas de hasta ocho años por sucesos de lesa humanidad que se les atribuyen.
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En la primera confesión conocida de los 26 ex paramilitares detenidos, Jesús Ignacio Roldán, Monoleche, reveló que los camaradas de Carlos Castaño lo asesinaron en el 2004. Sus restos fueron exhumados el viernes, poniendo fin al misterio de la suerte del líder de las AUC.
Mientras tanto, el régimen del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció ayer la reanudación del diálogo en el proceso de paz que efectúa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia en ese país, en octubre próximo, en La Habana (Cuba).