Una sentencia que se debe ejecutar en los próximos días obliga al detenido ex banquero Fernando Aspiazu a pagar 442 millones de dólares a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Tras la crisis bancaria de 1998 y 1999 se iniciaron al menos 64 juicios, solo en 8 hubo condenas y 22 están activos. Los otros siguen en suspenso porque los acusados están prófugos, han prescrito o se archivaron porque los implicados fueron sobreseídos.
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El número de causas identificadas por una investigación de este Diario no coincide con las cifras de la Fiscalía y la Corte Suprema: la primera registra como juicios bancarios 37 causas; la segunda, 47. Esta es la primera entrega de una serie sobre el tema.
Fernando Aspiazu, el ex propietario del Banco del Progreso, deberá pagar 442,2 millones de dólares a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Esta es la mayor indemnización, por daños y perjuicios, derivada de un juicio por peculado, iniciado luego de la crisis bancaria que sufrió Ecuador en 1999.
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El pasado 25 de julio, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Luis Abarca, Luis Cañar y Oswaldo Castro) desestimó el recurso de hecho, el último reclamo posible que podía presentar la defensa de Aspiazu para evitar el millonario pago.
Ese mismo día, el juicio volvió a la Corte Superior de Guayaquil para que se ejecutara la sentencia y Aspiazu hiciera efectivo el pago a la AGD, lo que podría suceder en los próximas días.
Este juicio se derivó de otro en el que el Tribunal Quinto Penal del Guayas (Enrique Mata, Gabriel Noboa y Jorge Durán) condenó a Fernando Aspiazu, el 26 de agosto del 2002, a ocho años de prisión por peculado.
La investigación determinó que el 2 de marzo de 1999, Fernando Aspiazu hizo que una operación de crédito internacional, que costó 389,7 millones de dólares, fuera calificada como un pasivo del Banco del Progreso para que la AGD cubriera esa deuda.
En principio, la AGD pidió una indemnización de 980 millones de dólares, pero el tribunal consideró que Aspiazu debía cubrir 450 millones de dólares, más los intereses y los gastos por honorarios de abogados.
Además de este proceso, Aspiazu tiene otro pendiente, por peculado, a la espera de que se resuelva un recurso de casación en la que los magistrados Joffre García, Roberto Gómez y Pilar Sacoto, de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deben decidir si revocan o no la pena de ocho años que le impuso el Tribunal Primero Penal del Guayas, el 8 de noviembre del 2002.
En ese juicio se confirmó un peculado en la administración de préstamos entregados por el Estado para atender los retiros masivos de depósitos que realizaban los clientes del banco, a inicios de 1999.
El ex banquero está encarcelado desde el 12 de julio de 1999. Según sus abogados, esta detención fue ilegal porque el juez Décimo Penal de Pichincha (e), Antonio Guerrero, el 13 de julio emitió la boleta de captura, es decir, un día después. Ese día se inició el juicio por retención ilegal del 1% del Impuesto a la Circulación de Capitales.
La defensa señala que Aspiazu debería estar libre por tener 71 años y que, además, debió haberse acogido a la ley jubilar de rebaja de penas (2x1).
La última diligencia realizada en este juicio se cumplió el 27 de julio pasado, cuando la Sala pidió al Registro Civil una copia de la tarjeta índice de Fernando Aspiazu para comprobar su edad.
Más de 80 procesos
Desde que el Banco del Progreso cerró sus puertas, en marzo de 1999, Fernando Aspiazu tuvo que enfrentar cerca de 80 investigaciones, que con el tiempo se fueron desestimando en unas ocasiones y en otras juntándose, ya que las denuncias se repetían, solo que en diferentes juzgados de Quito y Guayaquil.
Finalmente, ocho procesos avanzaron hasta sentencias condenatorias, que no son acumulables de las que se cumplirá la más alta. Siete de ellos están ejecutadas porque Aspiazu guarda prisión y otro espera a que se resuelva el recurso de casación (el juicio antes analizado por los préstamos estatales que solventaron los retiros de los depositantes del Banco del Progreso).
Este es el orden cronológico de las sentencias que ha recibido Fernando Aspiazu:
1) La primera condena la dictó el Tribunal Primero Penal de Pichincha, el 21 de septiembre del 2000. Le impuso nueve años de prisión por peculado y retención ilegal de los fondos de Petrocomercial, entre febrero y marzo de 1999. El 25 de marzo del 2002, la Segunda Sala Penal de la CSJ (Arturo Donoso, Milton Moreno Aguirre y Jorge Andrade Lara) desestimó la casación y se ratificó la pena.
2) El 16 de julio del 2001, el Tribunal Cuarto Penal de Pichincha (integrado por Óliver Arellano, Milton Vega Salguero, Luis Costales Terán) le impuso una sentencia de ocho años al encontrarlo culpable del delito de peculado.
3) La sentencia del Tribunal Quinto Penal del Guayas (Gabriel Noboa, Jorge Durán, Enrique Mata), emitida el 26 de agosto del 2002, ordenó ocho años de prisión por registrar en el pasivo del Banco del Progreso una cuenta de 389,7 millones de dólares y tratar de que la AGD respondiera por esa transacción.
4) El Tribunal Distrital de Portoviejo (Julio Cevallos, Mauricio Mendoza y Abdón Calderón) resolvió, el 22 de octubre del 2002, una pena de cinco años por defraudación tributaria en las aduanas de Manta, al retener indebidamente 3.426 millones de sucres (casi 180 mil dólares).
5) El Tribunal Primero Penal del Guayas determinó el 8 de noviembre del 2002 una condena de ocho años por peculado, en un caso que la Fiscalía empezó a investigar el 11 de febrero del 2000 por falsedad de balances y abuso de dineros.
El caso lleva más de tres años y medio a la espera de que la Primera Sala Penal de la CSJ (Joffre García, Roberto Gómez y Pilar Sacoto) resuelva un recurso de casación.
6) El 16 de octubre del 2003, el Tribunal Tercero de Pichincha le impuso una pena de doce años en el caso de peculado, por el cierre inconsulto del Banco del Progreso.
Aspiazu interpuso casación por el fallo y la Segunda Sala de la CSJ (Luis Abarca, Luis Cañar y Oswaldo Castro) reformó el 16 de marzo del 2006 la sentencia, puesto que la pena máxima por peculado es ocho años.
7) Ocho años de prisión por peculado, sentencia dictada el 28 de marzo del 2005 por el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Gustavo von Buchwald, por peculado, al haber retenido, desde el 12 de febrero hasta el 13 de julio de 1999, unos 6,6 millones de dólares del Impuesto a la Circulación de Capitales (1%).
8) El 23 de junio del 2005, el Tribunal Cuarto Penal de Pichincha (Luis Costales, Guillermo Miño, Elizabeth Martínez) le impuso la condena de ocho años, por peculado, ya que mediante arbitrios fraudulentos disipó 35 millones de sucres (unos 2 mil dólares) entregados por Lucía Erazo al Banco del Progreso.
El banco, hoy
El Banco del Progreso entró en proceso de saneamiento el 13 de julio de 1999. Es la institución en la que la AGD ha tenido más problemas para cancelar a los depositantes. Sus deudas ascienden a 274,3 millones de dólares.
En su portafolio de cartera (las deudas por préstamos concedidos mientras estaba en funcionamiento) hay la cantidad más grande de créditos vencidos y que están sin reestructurar: 850 millones de dólares.
El total de la cartera del Progreso llega a 2.043 millones de dólares, lo que dobla la suma de los valores del resto de bancos que están a cargo de la AGD.