En el último año se han registrado seis balaceras en la provincia de Pichincha. Todas ellas tienen como uno de los protagonistas a miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), unidad especial de la Policía.
El último caso sucedió el 27 de junio pasado, en las inmediaciones de la Universidad Central. Ahí murieron tres supuestos delincuentes, dos de ellos tenían detenciones previas por robo.
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En cambio, el 4 de noviembre del 2005, en un operativo similar murió una mujer inocente. El hecho ocurrió en las cercanías del almacén Rose, en Quito, y recordó lo ocurrido en el caso Fybeca, en Guayaquil, también ejecutado por policías del GAO.
Organismos de derechos humanos cuestionan esta suerte de ajusticiamientos de delincuentes con tiros en la cabeza, en vez de someterlos y entregarlos a la justicia. Fuentes de la Policía responden que estos grupos solo se defienden legítimamente.
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Para el activista de Derechos Humanos Alexis Ponce, debe haber un control en la fuerza pública, pues de lo contrario se corre el riesgo de que exista una “conducta policial del gatillo fácil, dispara primero y averigua después”.
Propone que se realice una veeduría social sobre el entrenamiento mental y físico de los policías especiales.