El proyecto de ley que intenta detener el cambio de 1.368 jueces de cortes superiores, notarios y registradores de la propiedad generó rechazo entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y diputados de izquierda, quienes advirtieron que no lo apoyarán.
El documento, presentado por el diputado socialcristiano Luis Fernando Torres, atribuye a la CSJ facultades para reestructurar solo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
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En tanto, el Registro Oficial publicó ayer la resolución del pleno de la CSJ que ordenó el cambio judicial.
Sin acogida plan para frenar cambio judicial
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El proyecto de Ley, presentado por Luis Fernando Torres (PSC), señala que la Corte Suprema de Justicia solo puede reestructurar el Consejo de la Judicatura.
Diputados del sector de izquierda, juristas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron la pretensión de 18 diputados socialcristianos, socialdemócratas y socialistas de dejar sin efecto el proceso de reestructuración y cambio de 1.368 funcionarios judiciales a través de un proyecto de ley.
Dichos sectores coincidieron en el criterio de que el proyecto presentado sorpresivamente por el diputado socialcristiano Luis Fernando Torres, el pasado 23 de mayo, intenta evitar que el PSC, la ID y el PS-FA pierdan el control sobre los jueces que actualmente mantienen; en el Congreso, en cambio, los bloques de centroizquierda, en el que se incluye a la ID, anticiparon que no respaldarán el documento.
Según el jurista y ex procurador Gustavo Medina, la propuesta de Torres demuestra que la clase política no se ha resignado a perder el control de la Función Judicial y se mostró extrañado por la interpretación que introduce el proyecto interpretativo en la Ley del 2005 (que permitió la elección de la actual CSJ), pues parecería que los legisladores quieren crear un ambiente para echar al suelo lo que ellos mismo permitieron (integración de la CSJ) y, en determinado momento, se pueda declarar la inconstitucionalidad de la integración de la propia Corte Suprema.
Por ello, dijo, si los jueces impulsan un proceso transparente de cambio, se legitimarán ante el pueblo.
Para el diputado de Pachakutik, Antonio Posso, el proyecto constituye una maniobra del PSC y de la ID para no perder el poder y el control sobre la justicia. “Quién no sabe en Guayaquil que a las cortes se les denomina ‘el Cortijo dos’”, dijo.
En tanto, el magistrado Marco Antonio Guzmán cree que la iniciativa del diputado Torres obedece a que ciertos legisladores están influenciados por los trabajadores judiciales que quieren quedarse en los cargos sin someterse a una prueba de conocimiento y evaluación.
Alfonso Zambrano Pasquel, en cambio, sostiene que esto es otra carta que se juegan los judiciales para frenar la reorganización.
Solo los magistrados Ramón Jiménez Carbo y José Robayo se mostraron complacidos con la presentación del documento, en consideración a que el Congreso Nacional tiene facultad para interpretar la Ley.
Si la Ley es aprobada, sostiene Jiménez Carbo, el pleno de la CSJ deberá, posiblemente, revocar las resoluciones del 10 y 17 de mayo y entrar en una reorganización “mesurada”, que implicará iniciar un proceso de evaluaciones a jueces y funcionarios judiciales.