Alejandra Cantos, gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), se entregó a la Policía Judicial (PJ) a las 11h15 de ayer, en Quito, luego de que el viernes pasado, el juez tercero de lo Penal de Pichincha, Luis Fernández, ordenó su prisión, por presunto peculado.
Según la acusación, la transferencia, en agosto pasado, de una deuda de $ 5 millones de la empresa Parkenor a Silvadín fue ilegal.
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En resumen, esa operación extinguió la deuda y liberó una garantía a favor de Alejandro Peñafiel, ex propietario del Banco de Préstamos, vinculado a las dos empresas, según la Superintendencia de Bancos y la AGD.
Además, la acusación establece que se redujo la acreencia, pues, pese a que la AGD vendió el edificio Torrezul (entonces de propiedad de Silvadín), se recuperaron solo $ 3,7 millones.
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El abogado de Silvadín, Gerardo Aguirre, negó cualquier relación con Peñafiel.
Cantos sostuvo lo contrario: que Peñafiel se siente perjudicado y presionó a la justicia para encarcelarla porque, con la venta del edificio Torrezul, habría perdido parte de su patrimonio y del “vuelto” que reclama a la AGD, por $ 27 millones.
Decenas de mujeres de organizaciones no gubernamentales llegaron desde las 10h30. “Alejandra no estás sola”, repetían. Junto a ellas, los ministros de Ambiente, Ana Albán, y de Trabajo, Galo Chiriboga, esperaban para expresar su respaldo. El candidato presidencial Rafael Correa también llegó a la PJ para mostrar su apoyo.
Cuando llegó la gerenta de la AGD empezaron los gritos y empujones. Los camarógrafos y los agentes de seguridad tuvieron un duelo; se defendían como podían, sin saber de dónde salían los golpes: con micrófonos y cámaras los unos; y con los codos los otros, quienes, a como dé lugar, tenían que abrir paso para que Cantos ingrese.
La recopilación de datos, a puerta cerrada, tardó media hora y la gerenta fue llevada al piso nueve. Allí su abogado, Ramiro Aguilar, criticó al juez Fernández, quien no estuvo en su oficina el momento en el que iba a presentarle los documentos para que autorice el traslado de su cliente a un hospital por problemas de salud. El juez no apareció y, hasta el cierre de esta edición, continuó detenida en la PJ. El abogado tampoco confirmó la apelación.
El vocero de la Policía, Juan Zapata, confirmó que la gerenta fue atendida por médicos de la institución, pero que su traslado a un centro médico dependía del juez.
La fiscal general, Cecilia Armas y el fiscal Marcelo Torres, quien realizó la investigación, justificaron la decisión del juez. El veedor de la ciudadanía, Gabriel Salvador, cree que Peñafiel sí está tras la detención de Cantos.