El sancionado presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Armando Cervantes, emplazó ayer a la Embajada Británica para que demuestre la existencia de una investigación internacional dentro del proceso sobre el supuesto lavado de activos (dinero) que involucra a la mafia rusa.
En una carta dirigida al jefe de la misión diplomática, Peter Evans, el magistrado Cervantes protestó por la denuncia presentada en su contra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que provocó su suspensión indefinida y una indagación en la Fiscalía.
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Según Cervantes, no existe ninguna investigación conjunta de los gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido, tal como afirma el embajador de Gran Bretaña en Ecuador, Richard Lewington, y el jefe de misión, Peter Evans, por lo cual los invita a revisar el proceso y a constatar las fechas en que se tramitó el amparo de libertad para los supuestos acusados de narcolavado.
Señala que tampoco existió información adicional que debía esperar antes de resolver el recurso y que no recibió del fiscal de la causa datos sobre la información internacional, pues resolvió el amparo de libertad cinco días después de haber recibido del Ministerio Fiscal el expediente completo de las investigaciones practicadas.
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En tanto, la vocal de la Comisión de Recursos Humanos del CNJ, Rosa Cotacachi, dijo que el organismo aspira a terminar en 30 días la elaboración del informe sobre la queja contra Cervantes.
Cotacachi indicó que el pleno del CNJ se reunirá el próximo jueves, en sesión extraordinaria, para analizar cuatro apelaciones a las quejas planteadas a las resoluciones que terminaron con la destitución de jueces, sobre todo del Guayas.