Control de uso de gas en los vehículos otra vez al debate

La Defensoría del Pueblo pide a la CTG que efectúe operativos. Pero la entidad dice que eso no le compete.

La explosión de un cilindro de gas instalado en un taxi sorprendió en septiembre pasado a decenas de personas que transitaban por la avenida Veinticinco de Julio, en el sur de Guayaquil.  Ese accidente destruyó el vehículo y provocó quemaduras de tercer grado en el chofer y en un pasajero.

El hecho también generó  reacciones de los representantes de instituciones como el Cuerpo de Bomberos (CBG), la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), entre otras, quienes criticaron el uso del sistema en los automotores.

Luego de tres meses el tema recobra vigencia. La Defensoría del Pueblo interpuso hace dos meses un recurso de amparo constitucional en contra del presidente del directorio de la CTG, Enrique Cedeño, y el director ejecutivo de la misma entidad, Roberto Pólit.

El propósito del recurso, según la defensora adjunta segunda de Guayas y Galápagos, Patricia Castro, es “proteger el derecho a la vida y salud” de los ciudadanos.

La funcionaria sostiene que la CTG comete un acto ilegítimo de omisión al no prohibir la circulación de vehículos de transporte de personal y público con sistemas domésticos de gas”. Además asegura que  ha omitido dictar medidas capaces de evitar el daño inminente a la ciudadanía”.

El Juzgado Undécimo de lo Civil concedió este mes el recurso presentado por Castro por lo que advierte que en caso de no cumplir con lo dispuesto habrá sanciones para los delegados de la CTG.

Posturas
Ante el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito sostiene que la figura legal es “totalmente improcedente”. “No somos autoridad competente para controlar”, dice Pólit tras explicar que presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional para que se aclare la situación.

Según la CTG, la Dirección de Hidrocarburos es la encargada de promover los operativos en los que los uniformados pueden colaborar.

El director regional de Hidrocarburos, Colón Romero, da crédito a las palabras de Pólit y sostiene que la utilización del gas de uso doméstico no es legal, porque es un combustible subsidiado por el Estado.

Sin embargo, precisa que los controles no se han realizado, entre otros motivos, por la falta de personal en la dependencia.  La CTG sostiene que los operativos  que se efectuaron hace aproximadamente  tres meses   no continuaron porque la Dirección de Hidrocarburos, entidad competente de ejecutarlos, no lo hizo.