Por cuarta ocasión, el Congreso Nacional mostró ayer su incapacidad para levantar la salvaguardia o candado constitucional, a fin de viabilizar la reforma política.
Los roldosistas, prianistas, Pachakutik, gutierristas y emepedistas bloquearon al PSC, ID, DP, diputados en alianzas y desafiliados, quienes solo reunieron 61 de los 67 votos que necesitaban para reducir de un año a un mes el tiempo que debe transcurrir entre el primero y segundo debate de una reforma constitucional.
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La sesión ordinaria de ayer fue distinta a las realizadas en diciembre del 2002, y del 22 y 23 de noviembre pasado, cuando el Parlamento abordó la discusión del levantamiento del candado. Antes del debate se aprobó con 58 votos una resolución donde los diputados se comprometían a viabilizar la reforma orientada hacia cinco temas.
Además de los 61 votos de los partidos ya mencionados, se registraron 14 abstenciones que provinieron del PRE, PK, Prian, PSP y MPD, gran parte de los diputados de esos bloques abandonó la sesión.
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La falta de votos para levantar la salvaguardia constitucional, según el diputado Luis Fernando Torres (PSC), tiene sus razones; los prianistas hicieron prevalecer su interés de que no cambien las reglas del proceso electoral del 2006.
Los roldosistas –agregó Torres– apuestan al caos al igual que los gutierristas y el MPD; mientras que Pachakutik responde a su insistencia sobre una Asamblea Constituyente.
Torres planteó olvidarse de la reforma y modificar las leyes electorales.
La intención de reformar la Constitución se quedó en una resolución que fue suscrita por Alfredo Serrano (PSC), Jorge Sánchez (ID), Víctor Granda (PSE), Ramiro Rivera (DP) y Hugo Ibarra (alianza).
Inicialmente el texto fue firmado solo por Serrano, planteaba 14 puntos y se establecía un plazo de un mes para tramitar las reformas. Pero se redactó uno nuevo. La resolución que se aprobó compromete a todos los bloques a impulsar la reforma y leyes secundarias con base a cinco ejes: la despartidización del Tribunal Constitucional, la integración de una instancia superior de justicia electoral, y que los procesos electorales los haga un ente técnico.
Además que se legitime la Corte Suprema de Justicia; promoción gratuita e igualitaria de los candidatos; restitución de las diputaciones nacionales o bicameralidad.