El Partido Comunista del Uruguay (PCU) informó  de 35 tumbas clandestinas en el norte del país, que se suman a los  hallazgos de restos de desaparecidos, mientras el gobierno resiste presiones  para anular la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a los violadores de los  derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).