La polémica desatada en el seno del Municipio de Quito por las acusaciones en contra del concejal de Pachakutik Antonio Ricaurte, por parte de la Comisión de Lucha contra la Corrupción del Concejo Metropolitano, será materia de debate de la sesión del cabildo capitalino.
Por la denuncia el concejal presentó una demanda penal por injurias en contra de Simón Espinosa, presidente de la Comisión, el miércoles pasado, ante la Corte Superior de Quito.
El cabildo también conocerá, según el concejal Pablo Ponce (ID), la verdadera situación de la Empresa de Rastro, donde se generó el problema. La pelea destapó la supuesta utilización de esa entidad como botín político.
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Según Ricaurte, allí existen 73 funcionarios de la Izquierda Democrática que no quieren ser tocados. Mientras Ponce explicó que se deberá aclarar si hay pruebas de que Ricaurte ha ubicado o pretende ingresar a su gente en la misma empresa.
Los roces entre la Comisión y Ricaurte empezaron cuando el presidente de este organismo de control municipal dio a conocer varios casos de corrupción en el Municipio, entre ellos uno protagonizado por un concejal (aunque no se dio el nombre en primera instancia).
Más tarde, el alcalde Paco Moncayo dijo el nombre del concejal y esto provocó la protesta de Ricaurte ante la Comisión.
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A Ricaurte se lo mencionaba en una carta reservada como responsable de haber forjado un acta de una reunión del directorio de la Empresa de Rastro, en la cual se destituyó al asesor jurídico, Hernán Remigio Chávez.
La carta también indicaba que Antonio Ricaurte no debió firmar el acta, pues no tenía calidad de presidente del directorio.
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Según Ricaurte, él no ha actuado fuera de la ley. Explicó que ciertos grupos de la ID envolvieron a Espinosa, que es un hombre honesto, para que emita el informe, sin tener siquiera su versión sobre los hechos.
El concejal de Pachakutik reveló que su intención es remover a las 73 personas recomendadas por la ID, pero indicó que el costo de liquidarlas es altísimo.
Espinosa, en tanto, precisó que nunca acusó a Ricaurte; además dijo que su trabajo no está diseñado para caerle simpático a todo el mundo y sostuvo que enfrentará la demanda penal con pruebas.
La Comisión fue creada el 22 de agosto del 2002 para investigar denuncias de corrupción de los funcionarios municipales, incluidos los que forman parte de las empresas y corporaciones. En el 2002 hubo 121 denuncias; en el 2003 se presentaron 275; en el 2004, 240 y en el 2005, hasta septiembre, 202 denuncias.
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También ha realizado operativos en los cuales la Policía ha detenido a nueve funcionarios municipales por delito de cohecho, por ejemplo.
