En procura de que el gobierno de Alfredo Palacio mantenga su posición contra las aspersiones aéreas en la frontera colombiana, una misión de organizaciones de Derechos Humanos y ambientalistas, visitará los linderos del vecino país “para nuevamente demostrarle a la Cancillería que efectivamente en la zona de frontera hay afectación tanto a cultivos como a la salud humana por la aspersión” que realiza el régimen de Colombia.

Estas declaraciones las realizó esta mañana Gustavo Larrea, director regional de la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos (Aldhu), luego de que el presidente colombiano Álvaro Uribe, ayer afirmara en Quito que su país perseguirá la droga donde esté. Luego de señalar que los terroristas y narcotraficantes con sus precursores químicos han acabado la fauna y la flora de zonas como el Putumayo (frontera común), destacó que en eso no puede tener vacilación sino “una posición definida y firme... Nosotros hemos fumigado donde quiera que hay droga, esa es la verdad, a la droga hay que perseguirla en cualquier milímetro desde Colombia o dónde esté”, dijo el mandatario.

Ante ello, Larrea dijo en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), que es “una pena que el presidente Uribe reitere la posición colombiana, pese a los continuos reclamos que la Cancillería ecuatoriana ha hecho. Colombia ha tenido los oídos sordos. El Ecuador no ha planteado el tema de que no se fumigue en Colombia, porque es un problema de soberanía colombiana. Lo que ha planteado la Cancillería ecuatoriana es que no se fumigue a diez kilómetros de la zona de frontera, porque al ser una fumigación aérea con aspersión, afecta a sembríos y a la salud de la población ecuatoriana”.

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Luego de la visita que se realizará mañana a la frontera, las organizaciones de Derechos Humanos insistirán en que se conozca un informe que asegura que las aspersiones afectan la salud humana y la flora y fauna. “Sin embargo, si el Ejecutivo quiere ampliar este informe, tiene todo el derecho de hacerlo. Existen documentos de los ministerios de Salud y Agricultura, de los hospitales de la frontera, de la Defensoría del Pueblo, y de organismos de DD.HH. y ambientalistas, todos coinciden en lo mismo. Por lo tanto, nosotros reiteramos nuestra posición al gobierno ecuatoriano de exigirle que defienda a la población ecuatoriana de la frontera”.

Otra vía que utilizarán, es la que planteó meses atrás el ex canciller Antonio Parra, “que es un reclamo internacional”. Si no es posible a través de la negociación diplomática solucionar este problema, se irá “ante las instancias internacionales para que sea una decisión vinculante, y que el gobierno colombiano esté obligado a respetar”.