Más 78 millones de dólares es el monto que necesita el sistema carcelario a nivel nacional para poder convertir sus instalaciones en verdaderos centros de rehabilitación, aseguró esta mañana Marco González, director nacional de Rehabilitación Social.

Debido al aumento de violencia en las cárceles del país -que va desde el asesinato del ex director de la Penitenciaría del Litoral en julio pasado a la matanza de cuatro internos este fin de semana-, antes de declarar un estado de emergencia en el sector, se debería destinar más recursos, subrayó González. En este sentido recalcó que desde hace más de un año han informado al Gobierno que necesitan más de “78 millones de dólares para poder invertir en la construcción de nuevos centros, en monitoreo en cuanto a seguridad, y poder incrementar el número de personas que puedan ayudarnos en cuestión seguridad, implementación de talleres, trabajo, educación, salud”.

Según informó el funcionario esta mañana en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), actualmente el sector calcelario está viviendo “del 10% de los cheques protestados, que eso va a la baja porque se deja de usar. Entonces estamos hablando de unos $ 20 millones a la baja”. De este monto, añadió, $ 11 millones son los que otorga el Estado. Estos recursos, sostuvo, no son suficientes luego de que se debe “administrar 36 centros en el país con necesidades de 12 mil internos, 1.500 empleados”.

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La situación que viven los centros de rehabilitación no puede continuar, señaló para resaltar que “invertir en rehabilitación social es invertir en el aspecto social. Se está hablando de seres humanos, tanto de los internos como de los empleados que laboran en los centros. Hay que darles las herramientas necesarias para que cumplan con su actividad”.

También aseguró que existe hacinamiento en los diferentes centros carcelarios del país y descartó que exista espacio en los de Portoviejo y Santo Domingo de los Colorados. Indicó que de la capacidad que tienen a nivel nacional para 7 mil internos, actualmente cuentan con un exceso de 5 mil, es decir 12 mil en total, de los cuales 4 mil están sentenciados, y 8 mil, sumariados.

González reconoció que luego de la muerte de uno de los guías, hay miedo a nivel general pues sostuvo que además de este hecho, varios trabajadores han sido amenazados, situación que les impide trabajar en paz. Además de ello, reiteró, no pueden laborar a satisfacción porque no cuentan con las herramientas necesarias.

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Finalmente, el director de Rehabilitación Social dijo que aspira que el informe de la Policía Nacional logre determinar las causas de los problemas que se han suscitado en los últimos días en las cárceles del Ecuador. Mientras el resultado llega, hoy conversará con el ministro de Gobierno, Oswaldo Molestina, sobre la situación luego de que le envió ayer “la documentación para que se tome en cuenta este pedido y vamos a ver lo que resuelve el consejo nacional”.