Según analistas, la primera vez que el Estado mejoró su participación en el negocio petrolero se registró en 1974.

Por segunda ocasión en la historia petrolera del país, el Estado pretende mejorar su participación en el negocio.

La primera se registró en 1974, cuando adquirió el 25% de las acciones a Texaco-Gulf (la única que, en ese momento, operaba en el país y que se beneficiaba de una concesión) y la segunda, este año, cuando intenta elevar su participación en todos los contratos vigentes.

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El miércoles pasado, el presidente Alfredo Palacio anunció que todos los contratos serán revisados porque los actuales porcentajes de participación, en un contexto de elevados precios de crudo, perjudican al Estado.

Están vigentes 22 convenios de exploración y explotación: 9 de participación, 7 modificatorios (que cambiaron de prestación de servicios o de asociación al modelo de participación), 5 marginales y 1 de prestación de servicios.

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El desequilibrio, según el analista Luis Aráuz, se hizo evidente desde 1995, cuando se firmaron los contratos de participación y se modificaron los de prestación o de asociación. Antes, de 1974 a 1994, hubo una temporada de bonanza bajo la modalidad de prestación de servicios, con la cual el Estado reconocía a cada compañía un pago por su trabajo, pero se beneficiaba de todo el petróleo.

Aráuz sostuvo que, en la práctica, la participación del Estado ecuatoriano era del 62,5% y el de las compañías del 37,5%, porcentaje del cual se descontaban también el 18,5% de regalías y el Impuesto a la Renta.

Tras la modificación de los contratos de prestación de servicios al modelo de participación –en 1995–, el Estado recibe entre el 20% y 30%, y las compañías, la diferencia de ese porcentaje.

Gonzalo Cevallos, quien se desempeñó como gerente de Comercio Internacional de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE, hoy Petroecuador), coincidió en que la primera vez que el Estado mejoró su posición fue cuando el 25% del crudo explotado por la Texaco pasó a sus manos. Terminado el plazo de concesión para la transnacional, comenzó la apertura; la primera ronda se dio en 1983 y la última (novena) se inició en el 2004.

De la primera adjudicación están vigentes los contratos de Canadá Grande y Occidental. Tanto Aráuz como Cevallos consideraron que una revisión no tomaría más de tres meses. Las autoridades, comentaron, conocen el tema.