‘Pichi Corte’ costó más de un millón de dólares

Vocales de la Judicatura dicen que no necesitan auditoría externa  porque ya tienen una interna.

A casi cinco meses de declararse cesante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que presidió el roldosista Guillermo Castro Dáger, la Contraloría General del Estado no ha auditado los gastos que significó el funcionamiento de ese organismo de justicia que duró 127 días.

La información que maneja el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) determina que la mantención de la denominada  Pichi Corte  le costó al Estado 1’129.322,8 dólares.

Luego del 16 de abril, fecha en la que el Congreso Nacional declaró cesante a la CSJ, los organismos de control no han impulsado una auditoría a esa Corte ni al manejo administrativo y de personal efectuado por los vocales del CNJ, elegidos producto de un acuerdo legislativo por la Corte de Castro.

A la fecha, la Contraloría no ha verificado el desembolso total del Estado para cubrir el costo del ex Tribunal, pues de los datos proporcionados por el CNJ se gastaron 1’009.248,73 dólares en salarios para los 30 magistrados; mientras que Guillermo Castro, ex presidente de la CSJ, percibió alrededor de 35 mil dólares en los cuatro meses.

Por viáticos, Castro y su comitiva desembolsaron 11.118,15 dólares en 26 desplazamientos a las provincias de Guayas, Imbabura, Riobamba, Tungurahua, Carchi y Manabí.

El ex magistrado de la Corte Norberto Fuertes cobró 580 dólares por  viáticos  en sus visitas a Tulcán, Ibarra, Ambato y Riobamba.

En viajes al exterior, el CNJ entregó a los magistrados 15.329,64 dólares; de los cuales 947 ocupó Simón Valdiviezo, ex asesor de Castro, en un desplazamiento a Panamá para hacer seguimiento del pedido de extradición que realizó el Gobierno ecuatoriano en contra del ex banquero Nicolás Landes, quien en esa fecha se encontraba en ese país.

Los ex magistrados Gonzalo Guerrero y Fausto Garcés gastaron 5.346,36 dólares en la visita que efectuaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, en marzo pasado, para defender la legalidad de su designación como ministros de la Corte.

Mientras, el ex magistrado Gerardo Vásquez utilizó 2.928,72 dólares en su viaje a Perú, donde investigó las denuncias de Vladimiro Montesinos, ex hombre fuerte del gobierno de Alberto Fujimori, en las que afirmaba que pagaron alrededor de 20 millones de dólares a los ex diputados ecuatorianos, para la firma de la paz con ese país, en octubre de 1998.

Por el uso de 26 tarjetas Vip, destinadas a los ministros de la CSJ, se utilizaron 9.360 dólares y por el transporte interno en avión, 16.181. Además se incluyen los 32.305,28 dólares que se emplearon en la adquisición de un vehículo para uso exclusivo del presidente de la CSJ.

A pocos meses de concluir el año, la Contraloría no ha intervenido en este caso, pese a que en su plan anual del 2005 tiene previsto una auditoría en la Función Judicial que incluye una revisión a los estados financieros del 2003 y 2004 y a las operaciones administrativas y financieras de enero del 2005 hasta la fecha en la que se inicie el examen.

El ex presidente de la CSJ, Guillermo Castro, sostuvo que el manejo de recursos y de personal es de exclusiva responsabilidad del CNJ, pues durante su gestión hubo problemas de logística que no fueron atendidas por los vocales del Consejo.

“Ellos piensan que son un mundo aparte. Tengo tres meses pidiendo a Olmedo Castro que me certifique cuánto percibí, cuando estuve al frente de la CSJ, sin ningún resultado”, señaló.

No obstante, el vocal del CNJ, José Robayo, recordó que durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre del 2004 y el 20 de enero del 2005 no había vocales del CNJ, por lo que hubo un vacío. Los presidentes de la CSJ, que actúan también como titulares del CNJ, resolvieron renovar contratos de varios funcionarios judiciales.

“Nosotros no pedimos la intervención de la Contraloría, porque tenemos una auditoría interna, pero no se ha dispuesto que se haga ningún examen porque no creo que haya gastos excesivos, tampoco se ha comentado que haya gasto doloso o culposo”, dijo Robayo.

A juicio de Olmedo Castro, director ejecutivo del CNJ, el pleno de la CSJ autoriza los viajes, las comisiones de servicios y ordena el pago de gastos de representación, viáticos y pasajes, esa orden le llega a él, pero quien calcula los gastos es la Dirección Financiera, organismo que le corresponde responder ante la Contraloría.

En la Contraloría se negaron a dar una explicación sobre la demora para fiscalizar los actos del CNJ.