Mientras se espera que las empresas auditoras seleccionadas para nombrar a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presenten las respectivas garantías al Comité de Calificación, varios presos no pueden tramitar su libertad por falta de magistrados que apliquen las leyes en forma imparcial.
Son más de cuatro meses, desde que cesó la anterior Corte Suprema (15 de abril), que sus ex miembros no han podido ser reemplazados todavía.
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Por la inexistencia de este organismo un total de 238 dictámenes fiscales no han podido ser notificados a la Corte Suprema, según la ministra fiscal, Cecilia Armas, quien durante los primeros días de agosto pasado realizó una evaluación de las principales causas que se iniciaron durante los últimos meses del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez.
El análisis establece además que en los últimos seis meses se emitieron 108 dictámenes a la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia y 93 a la Segunda Sala.
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Ante ello urge la integración de los nuevos magistrados. En la actualidad 310 candidatos se presentan como los más opcionados para ocupar esta máxima dignidad.
Pero su selección es parte de la polémica y en medio del debate, un hombre de pueblo, Pedro Manzaba; un ex banquero, Fernando Aspiazu; y un ex presidente de la República, Gustavo Noboa, esperan que se les haga justicia.
A todos los une algo en común: desde el pasado 15 de abril sus recursos de casación se sumaron a las causas pendientes que les tocará resolver a los próximos magistrados del país.