Las funciones de los jefes departamentales han generado aplausos, pero también críticas.
Los departamentos municipales que han hecho más noticia durante la alcaldía de Jaime Nebot, también lo han sido por la polémica que originaron las decisiones adoptadas y que afectó –en sentido positivo y negativo– a un importante número de ciudadanos.
Andrés Roche, director del departamento de Justicia y Vigilancia; Gustavo Zúñiga, de Aseo Urbano; Carlos Salmon, de Terrenos; y Luis Pérez Merino, de Urbanismo, Avalúos y Registro, brazos ejecutores de los proyectos municipales, han enfrentado una serie de cuestionamientos.
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Los mayores detractores del Municipio son quizás los comerciantes informales. Los enfrentamientos con la Policía Metropolitana han puesto en apuros a Gustavo Zúñiga, quien está junto al alcalde desde el 2000, y a Andrés Roche.
Zúñiga ha mantenido constantes pugnas con los expendedores de la red de mercados. Algunos han degenerado en actos de agresión durante los operativos.
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El 3 de enero del 2004, un enfrentamiento entre vendedores y metropolitanos en el sector de Pedro Pablo Gómez dejó como resultado un herido: Humberto Barrezueta. Su esposa denunció ante la Fiscalía que Barrezueta recibió un balazo cerca de la columna.
Este no es un caso aislado. El 13 de mayo del 2004, 150 comerciantes informales protestaron por el maltrato que sufrió el vendedor de colas Carlos Torres Giler, de 12 años, por parte de los metropolitanos. Gritos, piedras y empujones se confundieron con los disparos de los uniformados, quienes dispersaron a la multitud con toletes y gas lacrimógeno. El saldo: once detenidos, dos metropolitanos expulsados y seis vehículos municipales dañados.
El vicepresidente de la Federación de Instituciones de Comerciantes Minoristas de la provincia del Guayas, Ernesto Toledo, afirma que “la represión municipal es común”. Según afirma, “el desalojo es un pretexto para mejorar la estética, sin acuerdos previos ni consensos”.
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Fernando Gutiérrez, piensa que si bien es legal la actuación de los metropolitanos “ha habido abusos y excesos”. Según agrega, “hay personas perjudicadas por la represión”.
Invasiones
La necesidad de vivienda ha provocado que en Guayaquil las invasiones sean una constante. Disputas entre moradores de asentamientos informales y el cabildo han agitado el ambiente de trabajo del director de Terrenos, Carlos Salmon, quien tiene la tarea de legalizar los predios.
La diputada alterna del Partido Social Cristiano, Linda Vidal, fue apresada en la cooperativa La Fragata, el pasado 8 de agosto, por oponerse a otorgar un terreno para obras municipales. Según expresó, “el cabildo cede los predios a los allegados a la administración municipal”. Asegura tener las escrituras del inmueble, pero el Municipio las desconoce. Similar situación se ha vivido en otros sectores, como Cerro Colorado y Los Vergeles.
Posturas
COMERCIANTES MINORISTAS
Según el vicepresidente de la Federación de Instituciones de Comerciantes Minoristas de la provincia del Guayas, Ernesto Toledo, el reordenamiento comercial impulsado por el Municipio es arbitrario. “Se ven los resultados, los que están en los mercados no venden como antes. Los policías metropolitanos abusan de la autoridad”.
DERECHOS HUMANOS
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Fernando Gutiérrez, dice que hay que tener en cuenta que esta política de limpiar la calle de vendedores informales “ha significado incrementar la desocupación, uno de los mayores problemas que enfrenta la ciudad”.
PRÁCTICAS EXCLUYENTES
Para el sociólogo Gaitán Villavicencio, el Municipio ha priorizado, “en una primera etapa, el hierro y el cemento, se privilegiaron las obras visibles, pero se olvidaron otras”. Según explica, esta política “genera el manejo de un orden excluyente y represivo para los que no están de acuerdo con el imaginario de las autoridades municipales”.