Un fiscal italiano que investiga la desaparición de 16 personas de descendencia italiana declaró que ha concluido la recolección de pruebas y que formulará las acusaciones respectivas contra unos 80 implicados, civiles y militares notorios en las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.
Los procedimientos de corte se harán en Italia y se desarrollarán bajo las leyes italianas, dijo Giancarlo Capaldo, quien ha investigado durante seis años los alcances de la Operación Cóndor, el plan que coordinaron las dictaduras de esos países para la persecución y desaparición de miles de sus opositores hace casi tres décadas.
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En una entrevista con AP en Washington el jueves por la noche, Capaldo declaró que el pedido de extradición de los implicados a Italia se activará automáticamente con el inicio de los juicios, pero admitió que la gestión final dependerá del gobierno italiano.
Algunos de los que serán mencionados como presuntos responsables ya han fallecido, como el general argentino Guillermo Suárez Mason; otros están ya en prisión, como el general chileno Manuel Contreras; unos más están enfermos, como el ex poresidente y general argentino Jorge Videla y en un cuarto grupo aparecen figuras que pueden ser comprendidas en el proceso, como el ex presidente y general chileno Augusto Pinochet.
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Capaldo, quien ha estado en Washington recopilando información de varias agencias federales y grupos privados sobre las dictaduras militares sudamericanas y sus violaciones de los derechos humanos, dijo que debido a que en Italia no hay pena de muerte, las sentencias en la mayoría de los casos serían de prisión perpetua.
Indicó que la acción judicial, que incoará antes de concluirse el actual verano boreal en septiembre, se diferencia de otras como la emprendida por el juez español Baltasar Garzón en que se basará en mandatos de las leyes nacionales, que en el caso de Italia exige identificar y juzgar a los autores de la desaparición por motivos políticos de italianos en el exterior.
La acción de Garzón contra generales en Chile y Argentina fue por derecho de la ley universal, dijo Capaldo.
En realidad, ninguno de los desaparecidos fue oriundo de Italia; eran descendientes de italianos. Pero, según Capaldo, la ley italiana considera como italianos a los hijos y nietos nacidos de italianos en otros países.
Capaldo dijo que no todos los acusados están implicados en todas las desapariciones, y que era probable que el caso de la desaparición de uno -como el de una ítalo-boliviana arrestada y desaparecida en Argentina- puede involucrar a sospechosos en dos o más países, en ese caso específico Argentina y Uruguay.
Sus investigaciones se iniciaron en 1999 a petición de los familiares de los desaparecidos, después de concluir procesos judiciales a varios militares en sus países de origen en Sudamérica, indicó Capaldo. Dijo que no sabía en cuántos años más concluirían los casos en los tribunales.
Preguntado sobre qué actividades realizaban los 16 descendientes de italianos al momento de su desaparición, Capaldo dijo que eso es irrelevante.
No importa sus actividades ni su ideología política, afirmó. Lo que importa para las leyes italianas es que son italianos que fueron muertos por motivos políticos.
Capaldo ha hurgado no sólo en los llamados Archivos del horror encontrados en
Asunción en 1992, en los cuales se detallan los secuestros, torturas y muertes de miles de izquierdistas en la Operación Cóndor, sino también en documentos de inteligencia de varios países y recopilaciones privadas.
Debido a las reservas del proceso, Capaldo no dio detalles acerca de quienes serán procesados ni la lista de las víctimas.