El Comité Nacional de Prisioneros del Ecuador inició ayer una paralización indefinida en todo el país para que se vuelva a aplicar en el Código de Ejecución de Penas el denominado 2x1 (cumplir la mitad de la sentencia).

Además exigen que se emitan las órdenes de excarcelación de por lo menos 100 personas que aún permanecen en la cárcel pese a haber cumplido su pena. 

Para ello, anunció el presidente del Comité, Washington Grueso, desde ayer a las 06h00 no se permitió el ingreso del personal administrativo, proveedores de víveres y abogados. 

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También se acordó impedir que entraran más prisioneros desde la Policía Judicial hacia el Centro de Detención Provisional. Además, ningún interno estaba dispuesto a responder al pase de lista, ni a cumplir con su encierro en las celdas.
  
Los reos responsabilizaron de la problemática al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, y a los legisladores que supuestamente deben reformar el Código de Ejecución de Penas.

Según Ricardo Navarrete, coordinador regional del Comité, el hacinamiento es un grave problema en las cárceles del país y no existe una política de rehabilitación adecuada.

“El Ministerio de Gobierno ha descuidado su papel en participar en el Consejo de Rehabilitación que decide la libertad de quienes ya han cumplido su sentencia”, dijo Navarrete. El sistema carcelario tiene una capacidad para 6.500 reclusos, pero existen casi 13.000.

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Ayer, en el antes penal García Moreno, varios internos golpeaban las mallas ubicadas en el flanco sur de las instalaciones, gritaron insultos y consignas en contra del sistema de justicia y para que se cumplan sus derechos garantizados en la Constitución. En la penitenciaría del Litoral, los internos también iniciaron la medida de hecho.

Al mediodía, Grueso informó que había empezado una huelga de hambre por parte de 60 internos a los que los denominó “secuestrados”, pues ya cumplieron su sentencia.

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La Policía restringió el acceso a las cárceles para evitar que los reos tomaran rehenes.